El sistema público de pensiones es la columna vertebral del Estado de bienestar de un país y de la solidaridad intergeneracional de los que estamos, los que estuvieron y los que están por venir. El sistema en España es centenario pero su desarrollo llegó con la democracia. En 1975, cuando murió Franco, nos gastábamos el 4% del PIB en pensiones públicas y ahora el 11%. Con el mayor aumento del PIB de la historia de España hemos triplicado el esfuerzo en el pago de pensiones.

En España el sistema es de reparto y la mayoría, hasta sus críticos, reconocen que no es viable cambiarlo por un sistema de capitalización. Esta la excepción de Vox que, igual que FAES y Aznar en los años noventa, propone que se creen cuentas individuales de los actuales trabajadores destinadas a pagar su pensión futura. Lo que no dicen es cómo piensan pagar cada mes a los millones de pensionistas. Los debates sobre la privatización del sistema público de pensiones ocupan espacio en los medios pero son un consumo de energía inútil.

La sostenibilidad de un sistema de reparto depende de dos variables. Demográficas: número de pensionistas sobre el total de trabajadores y número de años que cobramos pensión. En 1975, la esperanza de vida de los jubilados estaba próxima a los 70 años y ahora supera los 80 años. La cotización a la Seguridad Social es un tercio del salario. Por lo tanto, los que se jubilaron a los 65 y cotizaron 40 años se han pagado su pensión aproximadamente hasta los 79 años. Si viven más años lo paga el sistema y ayuda a explicar el déficit de 18.000 millones.

La otra variable es la ratio entre salario y pensión media. A largo plazo, el aumento de los salarios tiene una elevada correlación con el aumento de la productividad. Desde 1960 en España la productividad y los salarios han crecido más que en la mayoría de países del mundo. Pero en este siglo la burbuja inmobiliaria concentró capital y empleo en un sector de muy baja productividad que provocó la mayor crisis de deuda de nuestra historia.

La pensión media crece un 2% cada año, ya que los nuevos pensionistas cobran más que los que fallecen. En 2011, antes de la reforma laboral y de la deflación salarial, el sistema estaba equilibrado y había un 6% del PIB en el Fondo de Reserva. Hoy el sistema tiene un agujero de 18.000 millones, el Fondo de Reserva se ha acabado, el déficit ha aumentado desde 2015 con crecimientos del empleo del 3% y las pensiones se financian con deuda pública que pagarán nuestros hijos.

La Airef ha propuesto limitar al máximo las prejubilaciones y que la edad efectiva se aproxime a la edad legal. Y alargar el periodo de cálculo de la pensión a 35 años. Solo con esas dos medidas, el gasto en pensiones sobre el PIB se mantendría constante a medio plazo. Y si conseguimos empresas más innovadoras y aumentos de productividad, disminuiría.

Veremos qué proponen los partidos políticos en la campaña.

Fuente: El País