La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha pedido a Telefónica información actualizada sobre unas investigaciones internas en varios países sobre posibles infracciones de las leyescontra la corrupción, y que cuantifique su potencial impacto sobre el patrimonio del grupo.

En su respuesta, publicada hoy por el regulador, la operadora ha asegurado que a la fecha de esta carta «la compañía continúa cooperando con autoridades gubernamentales y prosiguiendo con las investigaciones en marcha», al tiempo que ha descartado que «cualquier posible sanción» en estos caso afecte «de forma material» a la situación financiera del grupo. 

«Aunque no es posible en este momento predecir el alcance o la duración de estos asuntos, o su resultado probable, consideramos que cualquier posible sanción como resultado de la resolución de estas investigaciones no afectaría de forma material a la situación financiera del grupo considerando su tamaño», ha señalado Telefónica en la respuesta.

La CNMV había enviado un requerimiento de información actualizada a la multinacional, que en su Informe de Auditoría, Cuentas Anuales e informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2017 había informado de estas investigaciones, sin precisar ni entonces ni ahora los países donde se llevaban a cabo.  Telefónica ha indicado que aunque cuenta «con normativas y procedimientos establecidos para asegurar el cumplimiento» de las leyes contra la corrupción y la normativa aplicable a sanciones, «no puede garantizar que esta normativa socios, agentes y proveedores de servicios del grupo no actúen infringiendo la normativa y procedimientos del grupo».

Entre los riesgos que pueden derivarse del incumplimiento de las leyes contra la corrupción y la normativa aplicable a sanciones serían aquellos que pudieran dar lugar a sanciones financieras, la resolución de contratos públicos, dañar su reputación y otras consecuencias negativas para la compañía, ha añadido Telefónica.

La compañía ha explicado que «siempre ha contado con controles y procedimientos encaminados a la prevención de casos de corrupción», y que en los últimos años «ha venido mejorando e incrementado los controles y procedimientos de prevención y lucha contra la corrupción y el soborno
en una suerte de evolución natural».

En paralelo, la operadora ha desvelado que e Consejo de Estado de Colombia ha desestimado el recurso de ColTel, la filial de Telefónica en ese país, contra el laudo de un tribunal de arbitraje que le obligaba a pagar una indemnización de 1.615.012 millones de pesos colombianos (unos 457 millones de euros al cambio actual). Este fallo se suma a la denegación de la acción de tutela reclamada por Coltel (participada en un 67,5 % por Telefónica y en un 32,5 % por el Gobierno colombiano), fallo contra el que la filial de Telefónica ha presentado un recurso. 

Así figura en la respuesta de Telefónica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que había pedido a Telefónica que explicase las acciones legales que había emprendido tras el laudo (impuesto en julio de 2017) y actualizase el estado de situación de las mismas.

Fuente: Cinco Días