El ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha propuesto a las comunidades autónomas rebajar de unanimidad a tres quintos la mayoría necesaria en una comunidad de vecinos para poder prohibir las viviendas de uso turístico. Así lo ha anunciado la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, que este martes se ha reunido en el Ministerio con consejeros y directores generales de todas las comunidades y representantes de la Federación de Municipios (FEMP). Según ha avanzado, hay acuerdo para esta modificación de la Ley de Propiedad Horizontal. Además, ha propuesto modificar la ley de Arrendamientos Urbanos para definir con claridad el alquiler de temporada, el que afecta a estas viviendas.

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Actualmente, siempre que se cumplan los requisitos que establece cada comunidad autónoma, un vecino puede decidir por su cuenta si quiere o no alquilar su vivienda para uso turístico. Si los demás vecinos quieren prohibir expresamente ese tipo de alquileres, es necesaria la unanimidad. Esta no sería posible desde el momento en que el interesado en alquilar su vivienda se opusiese. A partir de la reforma de la ley, la oposición de ese solo vecino no será suficiente. Si tres quintos de los vecinos no están de acuerdo, no se podrá alquilar la vivienda para ese uso. Es decir, se facilita el veto de los vecinos a las viviendas turísticas.

El uso de viviendas para alquiler turístico y la modificación de elementos comunes que afecten a la comunidad de propietarios son las dos únicas cosas que aún requieren la unanimidad de los vecinos, según informa el Consejo de Colegios de Administradores de Fincas.

Según Oliver, hay consenso entre las comunidades en esta modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, por lo que esperan llevarla al Congreso lo antes posible, aunque no ha señalado plazos. Allí, en principio, debería contar con amplio respaldo, toda vez que cuenta con el apoyo de las comunidades, gobernadas por distintas formaciones políticas.

Oliver ha señalado también que el Gobierno ha propuesto a las comunidades la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos para «acotar el alquiler de temporada», un tipo de arrendamiento que no tiene como fin servir como residencia permanente del arrendador, sino un uso temporal y en el que ambas partes pueden fijar condiciones distintas a las del alquiler residencial. Este es el que se usa para las viviendas turísticas.

La secretaria de Estado ha explicado que la reunión de hoy con las comunidades tiene dos partes. La primera, durante este martes, es para tratar estas propuestas y para debatir una definición a nivel estatal de la vivienda de uso turístico. Dado que las comunidades son las que tienen las competencias sobre turismo, Oliver ha descartado tajantemente una «armonización» de las leyes que regulan estos pisos en cada comunidad, sino tan solo una «definición amplia, que incluya la tipología de vivienda, la necesidad de una licencia, que se hace a cambio de un precio, que esté en condiciones de uso inmediato… Es una definición de máximos que aún se está debatiendo», ha explicado Oliver.

La segunda parte, que tendrá lugar el miércoles, contará con la participación de plataformas de viviendas turísticas como AirBnB o HomeAway, patronales hoteleras, el lobby turístico Exceltur, sindicatos y representantes de asociaciones de vecinos, que darán «su punto de vista sobre la cuestión» al ministerio y los representantes autonómicos.

La secretaria ha apuntado también que ha propuesto a las comunidades y municipios la creación de un registro estatal único en el que deberán figurar todas las viviendas de uso turístico de España. «Servirá como instrumento de control y regulación para las comunidades, para dar seguridad jurídica a quien alquila su vivienda y a quien la usa, porque hay muchos problemas de personas que alquilan viviendas que no son suyas o que no tienen la licencia requerida», ha explicado Oliver. Este registro, ha dicho, estará conectado con el Ministerio del Interior, que obliga al registro de los inquilinos, y con el de Hacienda, «para que los arrendadores cumplan sus obligaciones tributarias». Además, ha dicho, servirá para poder contar con «un mapa de viviendas de uso turístico».

Fuente: El País