El gobernador del Banco de España ha criticado este miércoles la subida planteada del salario mínimo. En su primera comparecencia en el Congreso, Pablo Hernández de Cos ha dedicado mucho énfasis al «debate en torno a la subida del salario mínimo». «La evidencia empírica disponible sobre los efectos de subidas del SMI ofrece una elevada variedad de resultados, si bien, en general, tiende a identificarse que el aumento del salario mínimo tiene un efecto negativo, aunque limitado, sobre el empleo agregado en la economía», ha destacado.

Y ha añadido que su impacto sobre la probabilidad de perder el empleo es «muy significativo en determinados colectivos como los más jóvenes y los de mayor edad con menor formación». Precisamente los grupos con tasas de paro muy elevadas y unos niveles de productividad por debajo del promedio, ha apuntado.

Para estas afirmaciones se ha basado los efectos observados por la subida de los salarios mínimos aprobadas en 2017 y 2018, del 8% y 4%, respectivamente. La que plantea el Gobierno para el año que viene es del 22,3%, lo que lo dejaría en 900 euros mensuales en 14 pagas al año. La ministra de Economía, Nadia Calviño, había defendido que la literatura sobre estas subidas era mixta y, en cualquier caso, no arrojaba resultados concluyentes.

En general, Hernandez de Cos ha pedido a los diputados que no se reviertan las reformas. Y ha reclamado que se aproveche el buen momento de la economía para continuar con ellas y «ganar margen de maniobra presupuestario para afrontar situaciones cíclicas adversas».

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A pesar de que se han corregido muchos desequilibrios, la deuda pública y exterior siguen siendo muy elevadas, ha advertido. El paro estructural sigue siendo muy alto. El consumo de las familias permanece por encima del incremento de sus rentas. Y ha recordado que los vientos de cola que empujaron la actividad se están agotando: las condiciones financieras no van a ser tan acomodaticias; el petróleo se ha encarecido; se está desacelerando el entorno exterior más rápidamente de lo esperado, y ya hay poco margen para seguir teniendo impulsos con la política fiscal. Además, ha indicado que existen riesgos como la fragmentación parlamentaria en España, la incertidumbre alrededor de Italia, el proteccionismo o el Brexit.

«Por tanto, resulta prioritario retomar el proceso de consolidación fiscal, que permita la reducción progresiva de la ratio de deuda pública sobre PIB y del déficit estructural», ha declarado Hernández de Cos. Lo que puede interpretarse como una petición al Gobierno actual de que mantenga la disciplina fiscal en un momento en el que se desconoce exactamente como terminará dibujando los Presupuestos de 2019.

Para asegurar esa sostenibilidad de las finanzas públicas, ha señalado que es esencial atajar el envejecimiento de la población. Las anteriores reformas de pensiones de 2011 y 2013 favorecían una corrección gradual del déficit de la Seguridad Social. Sin embargo, según ha explicado, los últimos desarrollos legislativos parecen ir «en la dirección de relajar la aplicación de los mecanismos actuales de reequilibrio», ha afirmado. Y ha indicado que la vuelta a la revalorización de las pensiones con la inflación generaría un incremento del gasto público superior a tres puntos de PIB en el año 2050. En esas circunstancias, «garantizar la sostenibilidad financiera del sistema requerirá, por tanto, incorporar medidas adicionales por el lado de los ingresos o de los gastos», ha concluido.

Dos días antes de los test de estrés de la banca, el gobernador ha enumerado los retos de las entidades: ganar en rentabilidad, reducir los activos deteriorados con la crisis, hacer frente a un marco regulatorio más exigente y la competencia de otros agentes como las fintech. Una vez más ha hecho hincapié en que los niveles de capital de los bancos españoles son menores que los de los sistemas bancarios de la eurozona, «lo que subraya la necesidad de que las entidades refuercen sus niveles de capital».

Fuente: El País