Carmen Montón y Cristina Cifuentes han dimitido por las irregularidades detectadas en torno a los másteres que incluían en sus currículos. Pedro Sánchez ha estado en el disparadero mientras se dilucidaba si había plagiado o no su tesis doctoral. Pablo Casado ha sido exonerado por los tribunales de las anomalías descubiertas en su posgrado. El trato de favor hacia los políticos está poniendo contra las cuerdas al sistema educativo.
Hasta el punto de que cada vez más representantes públicos y directivos de grandes empresas optan por aparcar sus estudios o dejarlos dormir a la sombra, al menos hasta que escampe la tormenta. “Con toda la polémica que se ha montado, mis colegas y yo hemos decidido que no vamos a volver a incluir ningún curso en el currículo. Porque, al fin y al cabo, a un político los votantes no lo eligen por la carrera o el máster que ha cursado”. Son palabras de un parlamentario del PSOE que pide anonimato.
Los escándalos están obligando a algunas instituciones a revisar sus procedimientos
Si algo deja claro esta crisis es que los políticos (y empresarios) no quieren ni hablar de formación aunque la estén cursando. La reputación de la Universidad Rey Juan Carlos ha caído por los suelos, como han criticado esta semana sus alumnos en la manifestación que convocaron para pedir la dimisión del rector, Javier Ramos. Ese descenso abrupto ha salpicado a la imagen de la universidad en general, en opinión del citado parlamentario.
“A nivel reputación estos escándalos sí que están teniendo efecto, pues existe la sensación de que la universidad tiene lagunas. Y mucha gente habla de la universidad como si fuera una sola, aunque no todas hagamos las cosas de la misma manera ni tengamos los mismos mecanismos de control”, señala José García Montalvo, profesor de la Universidad Pompeu Fabra y su escuela de negocios (BGSE), quien piensa que quizás estos casos sirvan para diferenciar definitivamente entre unos centros y otros.
De hecho, alguna institución reconoce desde el anonimato que los escándalos protagonizados por los políticos en los últimos meses les están obligando a revisar sus procedimientos. Y otras admiten el malestar que hay en el entorno educativo, tanto entre los profesores como entre los alumnos, que piensan que los casos de fraude van en detrimento de los títulos que han cursado. Es el caso del vicerrector de Comunicación de la Universidad de Barcelona (UB), Ernest Pons.
Cristina Cifuentes presenta su renuncia a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Carlos Rosillo “Mi preocupación principal son los jóvenes que se están gastando un montón de dinero en su formación mientras que hay gente, curiosamente sus representantes públicos, que obtienen un título de manera fraudulenta. Y también la mediocridad de algunas universidades, que están haciendo mucho daño a la sociedad”, aprecia un parlamentario vasco que prefiere no dar su nombre y que es consciente de que hay políticos que han trampeado sus currículos y ahora los están cambiando para que no se note. Aunque el mundo digital deja huellas.
En las escuelas de negocios con cursos para políticos no se detectan bajas
Pese a estos comentarios, la mayoría de la decena de universidades y escuelas de negocios consultadas considera que los escándalos políticos no han tenido efecto en la reputación de sus centros y tampoco en su número de matrículas. “Aún es pronto para decir si las irregularidades de algunas universidades, algunos académicos y algunos políticos pueden afectar a la credibilidad y reputación de todo el sector”, opina Mireia Rius, responsable de educación ejecutiva de IESE Business School. Para evitarlo, tiene claro que hay que actuar. Lo primero que se debe hacer, aconseja, es un ejercicio de autocrítica como sector para después introducir medidas de transparencia con el objetivo de avanzar en un control más riguroso de los procedimientos y que casos como estos no vuelvan a suceder.
En su escuela de negocios se imparten cursos dirigidos específicamente a altos cargos públicos, que no son másteres, se apresura a decir Rius, sino cursos de perfeccionamiento, tres en concreto. Están funcionando mejor que nunca, asegura. El de Liderazgo para la gestión pública, que cumple 25 años, tiene 60 participantes y 19 se han quedado en lista de espera, agrega.
Matrículas sin sorpresas
Lo mismo sucede en Deusto Business School, donde su director general, Iñaki Ortega, explica “no impartimos ni másteres ni tesis doctorales. Sí programas para directivos públicos porque tienen un déficit de formación”. Su curso de Liderazgo público en innovación y emprendimiento mantiene cerca de una treintena de alumnos, como en años anteriores. Según Ortega, nunca podría aprobarse falsamente puesto que la defensa del proyecto final se hace en un acto público, con jurado, acto que desde hace tres o cuatro años es grabado.
Esade Business School tiene un Máster de Dirección Pública con más de 20 ediciones y una treintena de participantes. No ha sufrido los golpes de los “casos máster”, pero sí las turbulencias políticas, admite Francisco Longo, director adjunto de la escuela catalana. “Con la vigencia del artículo 155 en Cataluña, el curso que tenía que haber empezado en enero en Barcelona no arrancó y lo va a hacer en octubre”. En la sede de Madrid, sin embargo, “el programa ejecutivo que tenemos está funcionando muy bien, con cerca de 40 alumnos, como el curso pasado”, añade.
Para Longo, desde que se han denunciado las irregularidades, uno de los problemas que subyace es que a todo tipo de formación de posgrado se le llama máster. Desde que entrara en vigor Bolonia, en 2007, explica, los másteres se convierten en títulos universitarios oficiales, que exigen una serie de créditos (60), de requisitos de diseño (contenidos, calidad del profesorado…), así como un proceso de verificación previa por parte de la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) o de las entidades autonómicas competentes, indica Ernest Pons. Al resto de posgrados y cursos se les denomina programas.
Fuente: El País