El Ministerio de Trabajo negocia contrarreloj con las comunidades autónomas un parche provisional que evite que 42.000 parados de larga duración pierdan las ayudas de 430 euros mensuales durante seis meses. La titular del departamento, Magdalena Valerio, ha propuesto la medida en la reunión que mantenido con los responsables autonómicos y se ha comprometido a tenerla lista la semana que viene y llevarla al Consejo de Ministros del próximo 3 de agosto, según ha apuntado ella misma.

El problema, como adelantó EL PAÍS, parte del diseño de la ayuda temporal que se creó en los presupuestos de este año para sustituir los dos programas extraordinarios de cobertura a parados de larga duración creados durante la crisis: PAE y Prepara. El diseño de este subsidio, realizado por el anterior Ejecutivo, dejaba fuera a 41.910 desempleados bien porque habían dejado de cobrar el PAE al encontrar algún trabajo temporal o bien porque habían recibido antes ese subsidio y la redacción de la nueva ayuda les excluía expresamente.

La solución que ha encontrado el Gobierno es preparar un Real Decreto, que pretende negociar rápidamente con agentes sociales -con los que se ve este jueves- y con las comunidades autónomas. Con ellas habrá una nueva reunión la semana que viene, esta se mantendrá a través de videconferenica, y posteriormente llevar el texto al último consejo de ministros antes de vacaciones.

Esa solución sería temporal, ya que el Ministerio de Trabajo pretende retomar la idea que ya tenía el departamento de Fátima Báñez de reestructurar todas las ayudas de último recurso para desempleados. La intención era unificar todos estos subsidios (PAE, Prepara y RAI) en uno. Eso no fue posible antes de la moción de censuera y ahora el equipo de Magdalena Valerio pretende retomar la idea.

No obstante, la intención de la nueva ministra no es desarrollar solo lo pendiente. También es ampliar las ayudas, ya que el Ejecutivo socialista se ha comprometido a que otro de los subsidios, el destinado a mayores de 55 años vuelva a poder cobrarse a partir de 52 años, tal y como estaba regulado antes de los recortes de 2012. También pretende relajar los requisitos de rentas que se exigen para tener acceso a él, pues quiere recuperar que el cómputo personal de rentas y no el familiar.

Pero esta reordenación tendrá que esperar a otoño, ya que entienden en el Ministerio y las comunidades autónomas que ahora no hay plazo para llegar a un punto en común. «Hay que dar una vuelta a todo este sistema de protección asistencial», ha apuntado.

Fuente: El País