El calendario de cierre y desmantelamiento de las centrales nucleares en España se está convirtiendo en un casus belli para las grandes eléctricas, que comparten propiedad pero no iguales intereses en cuanto a la gestión y vida útil de las plantas. Como sucedió con el final de la burgalesa Santa María de Garoña, que enfrentó a Iberdrola y Endesa y sirvió de moneda de cambio frente a distintos Gobiernos, Almaraz I puede convertirse en el detonante de un nuevo tira y afloja entre eléctricas y Ejecutivo, dado que el próximo 31 de marzo finaliza el plazo para solicitar la prórroga de explotación de la planta, que cumple 40 años de vida útil en 2023.
Participada por Iberdrola (53%), Endesa (36%) y Naturgy (11%), el futuro de la central deberá dirimirse en un pulso en el que se enfrentan intereses opuestos. Por un lado, los de Iberdrola y Naturgy, partidarias de solicitar la prórroga solo hasta los 40 años; por el otro el de Endesa, que pretende solicitarla hasta los 50. Ambas posturas tienen que ver con la también distinta rentabilidad que proporciona la planta. Iberdrola, que ha abordado ya la revalorización contable de sus activos nucleares en un 40%, algo que le ha facilitado importantes beneficios fiscales, mantiene la amortización de estos en 40 años, algo similar a lo que ha ocurrido con Naturgy. Endesa, sin embargo, no ha realizado todavía esa actualización contable y mantiene la amortización en 50 años.
Hoy existe una tendencia creciente en la mayor parte de los países desarrollados a sustituir la energía nuclear por fuentes más limpias y seguras, una corriente en la que España no puede ser una excepción. Pese a ello, tampoco puede ignorarse que las centrales nucleares siguen ejerciendo un papel fundamental en la generación y en el coste de la energía en nuestro país. Precisamente por ello, una política nuclear que incluya un apagón progresivo de las instalaciones no debería ser incompatible con un análisis racional de la utilidad que siguen proporcionando las que aún están en activo.
Sin embargo, hay condicionantes técnicos y de rentabilidad que el Gobierno también debe valorar y que deberían tenerse en cuenta a la hora de diseñar políticas fiscales e incentivos relacionados con la energía nuclear. Las últimas manifestaciones del Ejecutivo, a través de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, parecen ir en esa dirección. Se trata, como siempre, de una ecuación en la que hay que contar con dos factores: por un lado, el interés general, que debe representar el Gobierno, y por otro, el empresarial y accionarial, que defienden con razón las empresas. Revisar la política energética bajo esos condicionantes parece un enfoque razonable.
Fuente: Cinco Días