La política energética española se ha caracterizado en los últimos años por resolver lo urgente y aplazar lo importante. Una filosofía que explica, aunque no justifique, que la reforma del mercado eléctrico siga siendo todavía una promesa y que las medidas provisionales y las ayudas sociales aparezcan como la única fórmula para paliar el alto coste de la energía y su efecto en los colectivos más vulnerables. En esa línea, el Gobierno prevé aprobar en los próximos días un nuevo paquete de medidas de choque para aliviar la factura eléctrica, que mantendrá el bono social que aprobó el PP, aunque mejorará su cobertura y le sumará una nueva ayuda a la calefacción, destinada a consumidores vulnerables de las zonas más frías del país. Esta suerte de nuevo bono térmico, al que tendrán derecho los que, a su vez, sean beneficiarios del bono social eléctrico, se ha diseñado como una ayuda directa, a imitación de las que existen en los países nórdicos. La idea es que entre en vigor el 1 octubre y compense así la subida del 8% de la tarifa regulada del gas, que se hará efectiva en esa fecha.
Tanto la aprobación de este nuevo bono térmico como la ampliación de la cobertura del bono de la electricidad son medidas necesarias e imprescindibles ante una fuerte subida del precio de la energía que afecta a los bolsillos de todos los españoles, pero golpea especialmente a los que cuentan con menos recursos. Pese a ello, el diseño actual del bono social –que es especialmente complejo y está ligado no solo a la renta, sino a otros factores– presenta deficiencias a la hora de discriminar adecuadamente a sus potenciales beneficiarios. Junto a la decisión, acertada, de ampliar la cobertura, se echa en falta una reforma del propio diseño del bono que permita afinar más a la hora de aplicarlo y evite así situaciones injustas, ya sea por exceso –al incluir a beneficiarios cuya situación real no lo justifica– o por defecto, al dejar fuera a consumidores vulnerables.
El nuevo paquete de medidas de choque forma parte de las tareas urgentes, pero no debería servir para relegar una vez más las importantes. La escalada de las cotizaciones del mercado mayorista de la electricidad, que se ha hecho especialmente evidente a partir de julio, cuando superaron en algunas jornadas los 70 euros/MWh, supone un disolvente para la renta disponible de las familias, merma la competitividad de las empresas y genera presiones inflacionistas sobre el conjunto de la economía. El Gobierno ha anunciado su intención de coger ese toro por los cuernos y abordar por fin la reforma del mercado. No es la primera vez que se escucha ese anuncio; ahora resta por ver si es la primera vez que se cumple.
Fuente: Cinco Días