La guerra entre el sector del taxi y el de los vehículos de alquiler con conductor se tensa. Ayer, Unauto, la patronal que agrupa a Uber, Cabify y otras empresas de VTC advirtió al Gobierno que recurrirá ante los tribunales pertinentes, la CNMC y la Unión Europea el real decreto-ley que ultima el Gobierno (su aprobación está prevista para el viernes 28), si aprecia “cualquier restricción” a sus derechos, a la libre competencia y la libertad de elección de sus más de seis millones de usuarios.
La norma que prepara el Ejecutivo podría dar margen a las comunidades autónomas para fijar su ratio de proporción entre taxis y VTC, según ha apuntado el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. También podría abrir la puerta a una segunda licencia para respetar el ratio 1/30 (un VTC por cada 30 taxis), cuya proporción media es hoy de 1/6 en España, y limitar la actividad de firmas como Uber y Cabify. En esta línea, el catedrático de Derecho Administrativo, Santiago Muñoz Machado, ya aseguró en julio en un informe elaborado a petición de Unauto que la imposición de una doble licencia a los títulos que ya estén en vigor puede chocar con la Directiva de Servicios de 2006, la Ley 17/2009 que la incorpora al ordenamiento español, y la Ley de garantía de la unidad de mercado de 2013. Además, añadió que un “eventual sometimiento de los operadores con licencia a nuevas autorizaciones que restrinjan las facultades que tienen concedidas supone una limitación de sus derechos que debe ser necesariamente compensada económicamente”.
La asociación, que agrupa al 90% del sector de VTC, critica que Ábalos, “no acceda a reunirse con el sector de VTC”, como si hizo este martes con los taxistas, para atender sus propuestas para resolver los problemas que afectan al sector de la movilidad en España. Unauto fue recibida por el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, el pasado día 11, pero esta organización no ve igualdad de trato. “Solo se está escuchando al sector del taxi a la hora de tener criterio para regular a otro agente del sector, que aporta 750 millones de euros a la economía española y sirve de medio de vida a 15.000 profesionales”, indicaron en un comunicado.
Unauto añadió que por lo que saben, “el Gobierno está cediendo al chantaje de los taxistas, en contra del interés general de los ciudadanos”. Igualmente, apuntó que trasladar las competencias a las comunidades autónomas “no es más que una dejación de funciones por parte del Gobierno, que ha decidido multiplicar por 17 los problemas”.
Acuerdo con UGT
En medio de esta batalla, el sector de los VTC logró ayer su primer apoyo institucional al firmar un acuerdo con el sindicato UGT. El documento, ratificado por la patronal Unauto, la plataforma Cabify y la empresa Vector, tiene por objetivo mejorar las condiciones de los trabajadores de la movilidad urbana, aunque no se han especificado medidas ni acciones que se vayan a acometer en el futuro.
“Somos un organismo que representa a taxistas y ahora también a las VTC porque se merecen el mismo trato. No queremos que un gobierno o administración enfrente a los trabajadores, hay espacio suficiente para todos”, explicó Miguel Ángel Cilleros, representante de UGT, ante la posibilidad de que el Gobierno ceda a las comunidades autonómicas la potestad de regular en materia de movilidad urbana.
Fuente: Cinco Días