La agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s ha revisado este viernes la calificación de la deuda soberana española y ha mantenido la nota en el nivel que estaba: A-. Este es el nivel en que está desde el pasado marzo, cuando lo subió de BBB+ al escalón actual. La agencia, además, pronostica que la economía española crecerá un 2,8% este año y que luego se moderará el crecimiento. No obstante, prevé que el ritmo supere al de la zona euro hasta 2021, al menos.

Esta era revisión es la primera que hace S&P con Pedro Sánchez en la Presidencia del Gobierno, de quien dice que no ve «claros los detalles de su política económica, incluyendo los objetivos presupuestarios de 2019». Sí que apunta la agencia que el Gobierno ha decidido «desacelerar el ritmo de consolidación presupuestaria para los próximos años».

«Esto implica déficits más amplios de lo esperado este año y un retraso en la consolidación prevista para el periodo 2019-2021», continúan los analistas de S&P.

Sobre las previsiones de crecimiento económico y del mercado laboral, la agencia subraya que para este año espera un aumento del empleo del 2,4% -medido según la encuesta de población activa (EPA)- y un 3,2%, según la afiliación a la Seguridad Social. Continúa la nota emitida esta noche que se confirma «que más empleados están siendo contratados de forma indefinida, una tendencia que beneficia la perspectiva fiscal de España».

En el aspecto comercia, señala S&P que «el sector comercial español está bien posicionado para beneficiarse debido al refuerzo de su competitividad». Sin embargo, «la mejora de las condiciones de financiación y la fortaleza de su recuperación han traído un aumento de importaciones, reduciendo la contribución al crecimiento de las exportaciones».

No se olvida la agencia de Cataluña y la tensión política en la comunidad autónoma por el independentismo. Admite Standard & Poor’s que con el nuevo Gobierno ha bajado la temperatura, no obstante, sí que pronostican el mantenimiento del desafío separatista. Y ven en ello, el mayor riesgo para la confianza de empresarios y consumidores, «especialmente en Cataluña».

Fuente: El País