¿Y si al final ocurre una debacle, el bloqueo de la oposición funciona y el Gobierno no logra aprobar un presupuesto para 2019? Pues volverían los recortes sociales.

Eso es así porque el Plan Nacional de Reforma Tributaria en discusión (así se llama el borrador de las medidas fiscales) pretende recaudar 5.000 millones adicionales con alzas impositivas o nuevas tasas. De los que 2.000 millones (dos décimas del PIB) irían a las autonomías, las Administraciones que dedican el grueso de sus presupuestos (tres cuartas partes) a educación, sanidad y dependencia.

Pues bien, en 2019, las comunidades acabarán (sin cambio de políticas) en un déficit del 0,3%, igual que en 2018, estimó el 13 de julio la AIReF (Escenario macroeconómico y presupuestario de 2018 y 2019). O sea, dos décimas peor que la previsión del Plan de Estabilidad del PP (déficit del 0,1%), actualizado en abril.

Así que para cumplir con ese 0,1% (no habría sido reemplazado por el 0,3% propuesto por el actual Gobierno), deberían gastar dos décimas menos que este año.

Ello solo se lograría (no ya no recuperando el gasto social anterior a la crisis, sino) reduciéndolo. Otra vez recortes.

Y en conjunto se debería practicar un ajuste global de unos 14.000 millones. Vienen de aquí: la senda de déficit del PP prometía bajar el desequilibrio en 2019 al 1,3% desde el 2,2% que aseguraba para 2018.

Como no se partirá del 1,3% ni del 2,2%, sino del 2,7% heredado este año 2018 —por las alzas de pensiones y sueldos públicos y la reposición de funcionarios—, calculó la AIReF; y como la necesidad de multiplicar recursos impositivos no se suavizaría con la bendición de Bruselas a un déficit más amplio, el ajuste (1,4%) sería brutal.

El menor impulso fiscal perjudicaría al consumo público y privado: al crecimiento. Lo que repercutiría en un severo coste laboral, que algunos economistas estiman en unos 70.000 o 75.000 empleos.

El hachazo fiscal de que hablan los tremendistas (8.000 millones), lleva camino de convertirse en un pellizco. De monja, pero pellizco (4.000 millones). Su problema, el del Plan, no vendría por exceso, sino por defecto para alcanzar el déficit del 1,8% en 2019 que pretende el Gobierno.

El impuesto a la banca, que de replicar al de Francia —compensa que las entidades no pagan IVA— captaría 4.000 millones, quedó aparcado. Y hoy reemplazado por la Tasa Tobin a las transacciones financieras: 800 millones, o 1.300 millones, si se aplica, con lógica, a las hechas intradía.

El de Sociedades recaudaría entre 1.500 y 1.700 millones más, al rebajar la deducción por dividendos exteriores del 99% al 95%. El IRPF contribuiría con 400 millones. La tasa Google (tecnológicas), unos 1.000, en trazo grueso (1.300, calculaba Cristóbal Montoro). Y la aplicada al gasóleo y otros objetivos verdes se iniciaría modestamente. Nada huele a confiscatorio.

Fuente: El País