Cuando la ministra de Economía, Nadia Calviño, declaró que “es vital la confianza de los mercados, y también la de los ciudadanos” se equivocó de prioridad respecto a las tradicionales señas de identidad socialdemócratas; según estas, lo primero es la confianza de los ciudadanos y solo después la de los mercados. Habría sido interesante escucharle reflexionar sobre lo que ocurre cuando ambas entran en contradicción.
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Estos días tenemos una aproximación. Según el Ejecutivo, el sentido de su política es dotarla de un giro social (apuntalar el Estado de Bienestar, después de tantos años de retrocesos), garantizando la estabilidad macroeconómica. Para obtener este doble objetivo es para lo que la ministra de Economía ha acudido a Bruselas a renegociar los compromisos del déficit público del año actual y de los ejercicios próximos. No solo es que los números que presentó el Gobierno Rajoy en el mes de abril en la Actualización del Programa de Estabilidad no eran realistas (ya lo habían dicho los 14 servicios de estudios que participan en el panel de la Fundación de las Cajas de Ahorro, el Banco de España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y la Comisión Europea), sino que “si nos empeñamos en mantener el objetivo que pusieron nuestros antecesores estaríamos obligados a tomar medidas de ajuste de gran magnitud que serían tremendamente perjudiciales para la recuperación económica” (Calviño dixit).
Básicamente, lo obtenido con el comisario europeo de Economía, Pierre Moscovici, consiste en disminuir el esfuerzo de reducción del déficit público en medio punto (este año se ha pasado del 2,2% del PIB al 2,7%; en 2019, del 1,3% al 1,8%) y el alejamiento del superávit presupuestario en un ejercicio (2022). Siempre debajo del tope del 3%.
Pero aunque se hayan relajado en el tiempo los desequilibrios de las cuentas públicas, su tendencia a la baja obliga a reducir el déficit en unos 10.000 millones de euros a finales de 2019 (del 2,7% al 1,8%, 0,9 puntos de esfuerzo fiscal). La novedad es que a diferencia de la senda trazada por el Gobierno Rajoy en el programa de estabilidad enviado a Bruselas, no se hará mediante una reducción del gasto público (aumentará: sanidad universal, eliminación del copago farmacéutico a los jubilados, incremento del gasto en defensa, más dinero para la política de vivienda, …), sino a través de una subida de los ingresos públicos (impuestos al diésel, a la banca, a las empresas tecnológicas, cambios en el impuesto de sociedades hasta un tipo mínimo efectivo del 15%, etcétera).
Estas son las señas de identidad de un proyecto socialista con enorme debilidad parlamentaria, a las que se une con mucha fuerza la eliminación de los aspectos más regresivos de una reforma laboral que había cambiado la correlación de fuerzas en el seno de la empresa en detrimento de los sindicatos. Sánchez parece consciente de que con 84 diputados y mayoría absoluta del PP en el Senado no puede aspirar a arreglar todos los problemas que ha detectado, sino solo los más urgentes. Ello supone dar salida a asuntos muy concretos, aparcados desde hace años por el tancredismo de los Gobiernos del PP, que afectan a la vida de millones de personas: los más vulnerables. Habrá que auditar el salto de las palabras a los hechos.
Fuente: El País