Apenas 20 minutos ha durado la declaración de Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia, en la causa abierta contra él por blanqueo de capitales. «Todo ese dinero era mío y está justificado», ha asegurado sobre los cerca de ocho millones de euros irregulares que se le atribuyen en el extranjero, después de llegar sobre las once de la mañana al juzgado de Instrucción número 31 de Madrid. Ante el magistrado Antonio Serrano-Arnal, el exdirigente popular ha rechazado todas las acusaciones sobre el origen presuntamente ilícito de su patrimonio, ha arremetido contra la Fiscalía por impulsar una «investigación prospectiva» y ha defendido que el cobro de trabajos profesionales a través de sociedades lo han hecho «desde presidentes del Gobierno hasta presentadores de televisión y un reciente ministro que ha dimitido», en referencia a Màxim Huerta: «Y han sido sancionados por Hacienda, pero sin acciones penales».
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«No entiendo por qué en este caso se puede seguir con la acusación penal, mientras que para el resto se consideran sanciones administrativas», ha continuado el también ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha insistido en que no ha cometido ningún delito. «Después de 13 informes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UNIF), y gracias a las periciales de la defensa, se ha demostrado que no hay ninguna defraudación en el extranjero. Pero es sorprendente que la fiscal haya conseguido que se abra una pieza de blanqueo en el extranjero cuando ya se ha demostrado en la pieza principal que no ha habido fraude», ha asegurado Rato.
Serrano-Arnal archivó parte de esta causa en mayo de 2017, pero la Audiencia Provincial de Madrid ordenó reabrirla para tomar declaración al exvicepresidente del Gobierno. El juez consideró que la denuncia de la Guardia Civil —que le atribuye delitos de blanqueo, malversación y cohecho— se basaba en «sospechas sin sustento». Además, el magistrado consideró que no se puede investigar a Rato por blanqueo porque la legislación vigente en aquel momento obligaba a investigar el delito antecedente del que provienen los fondos, en este caso el cohecho. Este supuesto delito ya está «notoriamente prescrito», señaló el instructor.
Pese a ello, la Audiencia Provincial ordenó al juez que continuase practicando diligencias al entender que existen indicios suficientes de que Rato «ha tenido sociedades domiciliadas en el extranjero utilizando como testaferros a sociedades fiduciarias, sin actividad social conocida». A través de estas empresas habría repatriado supuestamente esos ocho millones de euros.
Fuente: El País