La gran banca española ha lanzado duras críticas al Gobierno por su idea de aprobar un impuesto específico al sector para financiar las pensiones, y ha alertado de las consecuencias que podría tener sobre el crecimiento económico y la creación de empleo. Este ha supuesto el primer enfrentamiento de un sector industrial privado con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez.

Las críticas de la banca a aceptar este impuesto no son nuevas. Hace unas semanas las patronales del sector, la AEB y la CECA, ya se quejaron de este tributo. Sus respuestas se producían poco después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmara en los primeros días de julio su objetivo de imponer esta tasa al conjunto del sistema bancario. Ya entonces las reacciones no se hicieron esperar, pero sus negativas y unánimes opiniones al impuesto fueron transmitidas públicamente por las patronales.

El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) decidió intervenir el mismo día en el que la AEB y CECA alertaban de que una tasa a la banca dañará su solvencia (el 11 de julio). Su opinión restaba argumentos a la banca, o eso parecía. Aseguraban que el impuesto a la banca que propone el Gobierno dejará intacto, “como mínimo”, el 94% del beneficio de las entidades, por lo que apenas afectará a la solvencia del sector.

Reconocían, no obstante, que este tributo podría repercutir ligeramente en la medida en que los accionistas de los bancos pueden ver reducido el pago de dividendos que está directamente relacionado con el resultado, lo que a la postre restaría ligeramente atractivo a la compra de acciones. Gestha ha calculado que Hacienda podría ingresar entre 1.800 y 1.900 millones de euros anuales con un impuesto a la banca similar, en términos de recaudación con respecto al PIB, al exigido en Reino Unido y Austria.

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La idea, podría ser aplicar un tipo impositivo efectivo del 0,07% sobre el pasivo (en España es del 0,03% el porcentaje que a banca aporta como impuesto por los depósitos de sus clientes, porcentaje que coincide con lo que pagan también para cubrir el Fondo de Garantía tanto nacional como el europeo) para que logre la capacidad recaudatoria que tiene el tributo británico, en el que parece estar inspirada la propuesta socialista, apuntan fuentes conocedoras de las intenciones del Gobierno.

Los técnicos aclaraban entonces que si se llevara adelante este impuesto no produciría ningún tipo de doble imposición, puesto que el impuesto recaería sobre el pasivo, no sobre el beneficio de la banca.

Los argumentos de Gestha no han convencido a los banqueros, que han aprovechado la presentación de resultados del primer semestre del año de sus respectivas entidades para, con diferentes argumentos, expandir a los cuatro vientos sus quejas sobre los “perjuicios” este impuesto sectorial.

El primero en dar la voz de alarma sobre las consecuencias que podría tener este tributo no solo sobre el sector, sino también sobre la economía española en general fue el consejero delegado de Banco Santander, José Antonio Álvarez. Advirtió en la rueda de prensa de los resultados del grupo el pasado 25 de julio que el banco se replanteará su estructura legal (cambio de sede o no repatriación de los 4.000 millones de euros en dividendo que capta de sus filiales internacionales) si el Gobierno aprueba nuevos impuestos que supongan una doble imposición

Álvarez, aseguró que otras multinacionales podrían actuar de la misma manera por exigencia de sus accionistas.

Esta alarmante amenaza, sin embargo, no parece que vaya a ser secundada por el resto de la banca, o por lo menos eso se desprende de las declaraciones de sus consejeros delegados del resto de la gran banca, aunque todos han expuesto sus argumentos para intentar desmontar la iniciativa del Gobierno.

También todos o casi todos los banqueros creen que el Gobierno al final dará marcha atrás y retirará de la mesa su intención de penalizar al sector con mayores cargas fiscales. O, por lo menos, rebajará considerablemente su pretensión, afirman fuentes financieras.

El pasado viernes el consejero delegado de BBVA, Carlos Torres, ya hizo una reflexión en este sentido al no querer referirse al citado impuesto, sobre el que dijo que “hay mucho ruido, pero no se ha concretado nada”. Pese a ello, no pudo evitar criticarlo y avisó “la fiscalidad no puede penalizar el crecimiento y la creación de empleo”.

El consejero delegado de Bankia, José Sevilla, achacó la mala evolución bursátil de la banca a la incertidumbre acerca de los planes del Gobierno. Su homólogo de Banco Sabadell, Jaume Guardiola, coincidió con su opinión. Sevilla, de hecho, alertó al Ejecutivo de que este impuesto perjudicaría la “privatización” de Bankia, en la que el Estado cuenta con el 51% de su capital.

Pese a las críticas del conjunto de los banqueros y de su idea de que al final no habrá impuesto, las declaraciones del Gobierno apuntan, de momento, en sentido contrario. Así lo ha dejado claro el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, quien dijo el viernes pasado que, pese a que entendía la oposición de la banca, el Ejecutivo representa el interés general y no el particular de las entidades, por lo tanto “se pondrá el impuesto a la banca”.

Fuente: Cinco Días