El paro juvenil ha sido uno de los grandes problemas del mercado laboral en la crisis. Y cuatro años después de que haya comenzado la recuperación, ahí sigue. Para afrontarlo, el Ministerio de Trabajo ultima un plan de choque junto a las comunidades autónomas, que son las que tendrán mayor responsabilidad en su ejecución al tener las competencias de las políticas activas de empleo, y los agentes sociales. Entre los 10 principios que lo rigen, está “mejorar la gestión del sistema de garantía juvenil”, un programa puesto en marcha en 2014, financiado por la Unión Europea hasta 2023, que tuvo un funcionamiento deficiente en sus primeros años.
En los dos borradores a los que ha tenido acceso este diario, la versión quinta y la octava, se observa que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dependiente de Trabajo, pone sobre la mesa un catálogo de medidas en el que hay de todo: novedades respecto a iniciativas similares anteriores, como cuantificar los objetivos o poner en marcha un plan de retorno de jóvenes emigrados durante la crisis; el reciclaje de propuestas previstas por el anterior ejecutivo, como el contrato de relevo; o la recuperación de recursos que la crisis y sus recortes se llevaron por delante. Los portavoces oficiales del ministerio que dirige Valerio enfatizan, a modo de advertencia, que “todavía llegan aportaciones” de las contrapartes y la versión definitiva puede variar “bastante”.
Las principales medidas del plan de choque
3.000 orientadores para ayudar a buscar empleo
En el capítulo de recuperación de recursos se incluye la contratación de 3.000 orientadores laborales. Esta cifra coincide con la que había hasta 2012. Una de las primeras medidas anticrisis, todavía con Jesús Caldera al frente de Trabajo, fue financiar la contratación de 1.500 orientadores laborales por las comunidades autónomas. Con su sucesor, Celestino Corbacho, se duplicó el número. Pero estos puestos de trabajo no se consolidaron, así que cuando llegaron los recortes hace seis años, se rescindieron los contratos.
Años después, todavía con Fátima Báñez al frente del ministerio, comenzaron las gestiones con Hacienda para recuperar al menos una parte, apuntan varias fuentes conocedoras de estos movimientos. Finalmente la medida no salió adelante. En todo este periplo, algunas comunidades (Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León…) han recuperado parte de los orientadores que despidieron en 2012, pero la cifra aún está lejos de aquella.
“Dado que es preciso dotar a los Servicios Públicos de Empleo con un aumento de plantilla en consonancia con su importancia y necesidades, se propone, en consecuencia, la nueva contratación de 3.000 personas”, apunta la última versión. En el texto no aparece cuánto dinero supone esta medida. Fuentes no oficiales de Trabajo señalan que costará unos 85 millones al año. Un responsable autonómico de Empleo eleva el cálculo a 90 millones.
Las fuentes no oficiales de Trabajo apuntan que ahora en las plantillas del SEPE y los servicios autonómicos hay unos 23.000 empleados. De ellos, cerca de 6.000 serían técnicos, en sus diferentes tareas (orientación, recepción, prestaciones). Sin embargo, no pueden precisar cuántos exactamente son orientadores: los conocidos problemas de eficacia de los servicios públicos de empleo empiezan por las dificultades para que fluya la información entre el Ministerio y las comunidades y continúan por la falta de recursos. CC OO, partiendo de datos de la UE, cifraba en 2015 en 105 demandantes de empleo por cada orientador, lejos de los 24 de Reino Unido, los 48 de Alemania y los 73 de Francia. “La intención es contratar más en el futuro”, anticipan en el ministerio sobre planes futuros.
La orientación es el primer eje que, además de esta contratación masiva de tutores laborales, recoge el impulso de “lanzaderas”, una idea que busca mejorar la empleabilidad a través del coaching. El resto de líneas de actuación son la mejora de condiciones laborales, la igualdad de oportunidades entre sexos, el emprendimiento, la mejora institucional y la formación. En este último punto, se contemplan diferentes mecanismos, entre ellos los antiguos talleres de empleo, escuelas taller y casas de oficio, para cuyos participantes se recuperaría la cotización por desempleo, lo que costará 33 millones.
Esta cifra es la única cuyo coste aparece explícitamente en el borrador. El impacto presupuestario definitivo de todo el plan de choque aún no está cerrado. Lo más probable es que acabe de ultimarse la semana que viene.
Un estatuto del becario y cuotas máximas de estudiantes en prácticas
El plan de choque contra el desempleo juvenil incluye también medidas contra los abusos que en ocasiones ejercen las empresas sobre los estudiantes en prácticas. “Se procederá a elaborar el estatuto del becario para integrar y regular derechos de las personas becarias y las prácticas no laborales, evitando la utilización de la figura como falsos becarios”, señala el proyecto.
El objetivo, apunta el documento, es garantizar que los becarios no son en realidad trabajadores encubiertos y que su paso por la empresa tiene “carácter formativo”. Aseguran que tomarán como referencia a otros países (cita en concreto Francia).
Sobre el estatuto que se pretende que firmen las empresas cuando tengan a pasantes, contemplará los derechos y obligaciones de cada una de las partes, como por ejemplo cuotas máximas de estudiantes según el número de puestos de trabajo y el tamaño que tenga la compañía. En concreto, en ese estatuto figurarán “las obligaciones del empresario, las condiciones laborales y formativas del recurso a la recepción de becarios, las formas de integración en el proceso de formación, número de horas, duración máxima de las prácticas, el número máximo de becarios por empresa y tiempo, el periodo de carencia, la suscripción del convenio obligatorio y los contenidos mínimos del convenio, régimen de gratificación, la certificación de las pruebas, los permisos a los que tendría derecho el becario, los derechos de los becarios y un régimen de sanciones por incumplimientos de la empresa”.
Además, dentro del apartado de formación, el plan contempla crear “programas de primera experiencia profesional”. La idea es que se ofrezcan puestos de aprendiz en colaboración con los Ayuntamientos y diputaciones y empresas “comprometidas” y que esos trabajos en prácticas sirvan también para obtener certificados de competencias laborales a los jóvenes que no tienen títulos formales pero sí han aprendido un oficio.
Una plataforma para que regresen los que emigraron por la crisis
Una de las medidas novedosas de este plan de choque es la creación de programas de retorno de los jóvenes que emigraron durante la crisis. Para participar en estos programas, que estarán gestionados por la Secretaría de Estado de Migraciones, no se tendrá en cuenta la edad de la persona que solicite participar en ellos, sino que fuera joven en el momento de emigrar, señala el programa.
Las iniciativas para incentivar a regresar a quienes salieron durante la crisis son «medidas de apoyo a la contratación, al autoempleo, a los gastos de desplazamiento y de primer alojamiento, así como proceso de acompañamiento».
Poner en marcha estos programas requerirá poner en marcha «redes de asistencia a los trabajadores retornados, con puntos únicos de información, intercambio de experiencias, información de los recursos disponibles por las distintas administraciones y organismos para apoyar el retorno, ofertas de empleo y documentación administrativa».
Para desarrollar esta idea, diversas fuentes conocedoras de cómo se está elaborando el plan apuntan que se está utilizando la experiencia puesta en marcha por Castilla-La Mancha en los últimos años.
También se vuelve a la idea recurrente de promover el regreso del talento. Para ello, se propone «potenciar las ayudas Beatriz Galindo, que actualmente otorga el siguiente régimen de ayudas» y atraer así personal docente e investigador al sistema universitario español «y estabilizarlo».
El borrador detalla las ayudas que irán aparejadas «para cada una de las contrataciones correspondientes». En «la modalidad senior», la cuantía de apoyo ascenderá a 65.000 euros por parte del Ministerio de Educación y a 25.000 euros por la universidad, incluyendo en esta parte las cotizaciones la Seguridad Social. En la «modalidad júnior», el dinero que pondrá el Ministerio de Educación sube a 35.000 euros y a 10.000 el de la universidad.
Reforma para el sistema de Garantía Juvenil ante su éxito relativo
El Ministerio de Trabajo evalúa en su plan de choque contra el desempleo joven los resultados de la llamada Garantía Juvenil, un programa de inspiración y fondos europeos que se aprobó en 2014 y que garantiza a los menores de 30 años la obtención de un trabajo, unas prácticas o un curso. El compromiso era que los jóvenes inscritos debían ser atendidos en menos de cuatro meses.
El sistema ya nació cojo porque se inventó un registro distinto del de las oficinas de empleo para evitar que estos jóvenes se apuntasen también al paro. Durante un tiempo, eso provocó que el número de registrados fuese bajo. Al ver que se podían perder fondos comunitarios, el anterior Gobierno pisó el acelerador en 2016 para conseguir que se inscribiesen más. Ahora hay 1,2 millones registrados, una mejora sustancial. Sin embargo, Trabajo considera que este plan “precisa líneas de mejora cualitativa y cuantitativamente, que supongan un gran cambio y la orientación al éxito del Sistema Nacional de Garantía Juvenil”, reza el documento. Y el primer gran fallo que detecta es que la mitad de los atendidos tiene que volver a ingresar en el sistema. “Las atenciones impartidas podrían no ser las adecuadas”, concluye.
Además, ha empeorado el número de atendidos en menos de cuatro meses. Si bien se reconocen algunos progresos en el sistema como el haber mejorado la inscripción o el contar con la información de seguimiento del 90% de los atendidos, Trabajo quiere relanzar la Garantía.
Y para ello pretende obligar a los menores de 20 años que estén fuera del ciclo educativo a participar en formación educativo-profesional. Se fomentarán los certificados de profesionalidad y se crearán programas de formación de segunda oportunidad para jóvenes con dificultades en el aprendizaje. También se establecerá una red de consejeros laborales y un sistema de becas o incentivos para que los jóvenes de familias con rentas bajas obtengan una experiencia laboral.
Contratos bonificados
Resulta llamativa la ausencia de la iniciativa estrella que Ciudadanos propuso al Gobierno anterior y que estaba integrada en la Garantía Juvenil: el complemento o ayuda salarial de 430 euros, adicional al sueldo, para los jóvenes que firmaran un contrato de formación y, al mismo tiempo, estuvieran inscritos en ese programa. Esa medida tenía una partida presupuestada de 500 millones y entró en vigor en agosto. No fue fácil su puesta en marcha porque Bruselas, que la financia, no la veía con buenos ojos y tardó en darle su visto bueno. Además, siempre fue muy criticada por expertos, sindicatos y el PSOE. Para unos, el diseño de la ayuda iba a enfocar los recursos sobre un subgrupo de jóvenes que no lo necesitaba; para otros, iba a generar la distorsión de que un aprendiz acabara cobrando más, por el complemento, que quien tenía que enseñarle el oficio.
Entre las medidas que sí se reciclan, está el impulso del contrato de relevo, muy utilizado en el sector del automóvil para rejuvenecer las plantillas y que consiste en que un trabajador en los últimos años de su vida laboral se jubila parcialmente y la empresa contrata, con bonificaciones, a un joven que le sustituye. Esta iniciativa fue llevada por UGT a las mesas de negociación con el Gobierno del PP, que finalmente lo incluyó en un acuerdo que hubo hace algo más de un año. Sin embargo, ese pacto, que también contenía el complemento joven, nunca se desarrolló plenamente.
El programa pretende rebajar al 23,5% el desempleo entre jóvenes
Uno de los elementos que destaca en el plan de choque por el empleo es la concreción de los objetivos que se fija el Ministerio de Trabajo. Las metas, que aparecen enunciadas en el punto cuarto del borrador al que ha tenido acceso este diario, son cinco: recuperar la calidad en el empleo, hacer protagonistas a los jóvenes en su proceso de inserción laboral, incrementar la cualificación, fomentar un nuevo modelo económico y dotar a los servicios públicos de empleo de medios y recursos “para prestar una atención adecuada e individualizada”.
A partir de este punto, aumenta la concreción. El texto afirma que “para conseguir estos objetivos, a la finalización del plan deberán alcanzarse los siguientes objetivos cuantitativos”. El primero de ellos es la reducción de la tasa de paro al 23,5% entre los jóvenes de 16 a 30 años. Esto supone una rebaja de cinco puntos sobre el desempleo actual entre este colectivo.
Hay que tener en cuenta que el plan de choque se dirige a los jóvenes entre 16 y 30 años, entre los que la tasa de desempleo llega al 28%. La tasa sería más alta si solo se tomaran a los que tienen entre 16 y 25 años. Cuando Eurostat o el INE dan las tasas oficiales europeas de paro juvenil (mirar gráfico), se refieren a este último colectivo.
Incluir a quienes llegan a los 30 años sigue la línea de muchas de las medidas adoptadas durante la crisis, que también los incorporaba a las iniciativas contra el desempleo juvenil (contratos de formación y aprendizaje, contrato de emprendedores, acceso al Sistema de Garantía Juvenil).
Según los números que aporta el Ministerio, rebajar la tasa de paro al 23,5% supone que habrá 168.000 desempleados menos. Aunque esta última cifra hay que cogerla con cautela, pues la evolución de la población activa —las personas en edad y disposición de trabajar con empleo o sin él— determina si llegar a esa tasa de desempleo implica esa rebaja de parados o, incluso, una cifra mayor.
Otro objetivo numérico es el aumento de las contrataciones indefinidas un 15% entre 2019 y 2021. Esto supone llegar a 2,9 millones de contratos fijos.
En la salida de la crisis se ha agudizado la temporalidad, los contratos temporales de pocos días (incluso de horas) y la rotación en un mismo puesto de trabajo, especialmente entre los jóvenes. Esto se puede ver en los anexos estadísticos que contiene el borrador del plan de choque. Por ejemplo, la rotación se observa en los números de 2017, cuando 2,63 millones de jóvenes de hasta 30 años firmaron 7,6 millones de contratos. Es decir, cada uno suscribió una media de tres. Cuatro años antes, la ratio era de 2,5 contratos por cada joven.
También puede verse que la precariedad les afecta en mucha mayor medida que a los trabajadores más mayores en que los menores de 30 años suponen un 14,5% de todos los afiliados a la Seguridad Social. Este porcentaje sube en más de 20 puntos, hasta el 35,3%, si se habla de los contratos firmados en 2017.
El último objetivo numérico del plan es la reducción en un 10% de la brecha de género en el paro registrado. Con los datos del año pasado, los jóvenes registrados en las oficinas públicas de empleo ascendían a 571.897 a finales del año pasado. La mayor parte de este colectivo, el 53%, eran mujeres, concretamente 303.319 desempleadas.
En el anexo estadístico que acompaña al plan de choque no solo se ve el punto de partida de estos objetivos. También hay datos sobre la formación que tienen los demandantes de empleo registrados, entre los que destacan los que no acabaron la educación secundaria, más de 150.000. Le siguen los que sí la acabaron pero no continuaron estudiando, algo menos de 140.000 desempleados. Ya muy lejos aparecen, con grupos que rondan los 50.000 parados, los que completaron el bachillerato, los que tienen un grado medio de Formación Profesional o lo que no tienen ningún tipo de estudios.
Un punto significativo de los datos que acompañan al plan de choque es que toman las estadísticas propias del Ministerio de Trabajo, esto es, las de afiliación a la Seguridad Social y las de paro registrado. No utiliza las de la encuesta de población activa del Instituto Nacional del Estadística o las de Eurostat.
Fuente: El País