Ni la banca se esperaba este cambio de criterio. En las últimas semanas, los responsables de las entidades financieras más relevantes comentaron su posición sobre el pago del impuesto de actos jurídicos documentados y coincidieron en que su suerte estaba echada. Dieron por hecho que tras la sentencia del Tribunal Supremo del 16 de octubre el modelo de las hipotecas había cambiado para siempre: las entidades deberían asumir el pago del impuesto. De hecho, algún banco, como Bankinter, modificó los documentos de las hipotecas para ser ellos los que pagaran el impuesto.
La única batalla de la banca era evitar la retroactividad a cuatro años (con graves costes para los bancos más pequeños) y, sobre todo, la de los 15 años, en donde se pagaría una factura de unos 16.000 millones, algo que podía quebrar gran parte del sistema financiero.
El martes por la noche, tras el cambio de criterio del Supremo, algunos directivos bancarios no estaban contentos. Y resumían la situación: “Con esta decisión perdemos todos. Los bancos porque se incrementará la animadversión contra el sector [sobre todo por la irresponsabilidad de algunos líderes políticos], los clientes, que contaban con un ingreso que ha desaparecido y, sobre todo, el Supremo, que ha tenido una actuación lamentable. Ha creado un problema donde no lo había y lo han solucionado de la peor manera, perdiendo prestigio y creando confusión”.
¿Y ahora qué? Desde varias entidades se apunta que el Gobierno podría cambiar el reglamento en la Ley Hipotecaria, que está en tramitación parlamentaria, y establecer que sea el banco el que asuma el impuesto. “Desde el punto de vista político puede ser rentable”, señalan, sobre todo si lo están pidiendo partidos de la derecha y la izquierda. En el sector financiero no parece mala solución si así se apaga el fuego social y se evita la retroactividad. Al final, la banca repercutirá el impuesto al cliente en el coste del préstamo. De una manera u otra, quien pagará al final no cambiará.
Otros ejecutivos del sector destacan que “se ha impuesto el rigor jurídico frente a la inseguridad jurídica que generaba una sentencia así. Los bancos solo quieren un marco claro para diseñar un negocio de largo plazo… por eso no se entiende qué ha pasado estas tres semanas en el Supremo. Se supone que ellos son la última línea de defensa jurídica”. También descartan recursos a Luxemburgo porque la ley española no contradice a la comunitaria, ya que en ningún país europeo este impuesto lo paga el banco. Algunos afirman que en recientes reuniones con inversores en Londres hubo duras críticas “a la república bananera” de España por su inseguridad jurídica. Ahora esperan que se acaben esos reproches.
Fuente: El País