Las organizaciones de autónomos han recogido el guante lanzado hace dos semanas por la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Magdalena Valerio puso entonces sobre la mesa la necesidad de que este colectivo cotizara en función de sus ingresos reales y que pudieran hacerlo, bien trimestralmente, bien con correcciones a lo largo del año.

En la actualidad, este colectivo tiene libre elección para fijar su base de cotización a la Seguridad Social hasta los 47 años, por lo que es habitual que opten por la mínima. De hecho, el 64% de los 3,2 millones de autónomos (incluyendo los societarios) que hay en España cotizan por la base mínima, mientras que entre los que son personas físicas el porcentaje aumenta al 85%. Una situación que genera, entre otros inconvenientes, que este sistema tenga un déficit de 6.500 millones de euros.

La Federación de Autónomos (ATA) y la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) –que representan conjuntamente a más del 75% del colectivo– presentaron ayer una propuesta conjunta para que el colectivo de empleados por cuenta propia coticen en función de sus ingresos reales a la Seguridad Social. Para ello, han planteado cinco tramos a los que se acogerían los autónomos en función de sus ingresos y que evitarían, según defienden, que tres de cada cuatro autónomos se vieran afectados o tuvieran que elevar su base de cotización. Dicho de otro modo, un 75% pagaría lo mismo, o incluso menos.

El primer tramo incluiría a todos aquellos que facturan por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que este año asciende a 735,9 euros mensuales (10.302,6 euros al año). Un colectivo que, según los últimos cálculos, agrupa a cerca de 550.000 autónomos y para los que la propuesta defiende una tarifa plana de 50 euros al mes, frente a los 279 euros de la base mínima. Si bien, tendrán que demostrar con su declaración de la renta que no sobrepasan dicho umbral.

Entre el SMI y los 30.000 euros anuales, las asociaciones proponen que los autónomos puedan seguir eligiendo la base de cotización y no tendrían que pagar más de cotización a la Seguridad Social al finalizar el año fiscal aunque optaran por la base mínima. En el tercer tramo se situarían los autónomos con ingresos por entre 30.000 y 40.000 euros anuales. Este colectivo podrá elegir su base de cotización cada año y en junio, una vez conocido su facturación neta del ejercicio anterior, tendrían que aportar la diferencia entre la base cotizada y una base fija de 15.000 euros anuales.

Los autónomos con ingresos netos de entre 40.000 y 60.000 euros al año podrán también elegir su cotización y ajustarla en el mes de junio con la Seguridad Social. En este caso, la base anual será de 18.000 euros. El último tramo encuadrará a los profesionales por cuenta propia con ingresos netos superiores a 60.000 euros al año, que verán como su base de cotización se eleva a 24.000 euros al año. En la actualidad, solo unos 14.000 autónomos pagan a la Seguridad Social por la base máxima pese a que según datos de UPTA hay unos 400.000 que ingresan más de 40.000 euros netos al año.

Bonificaciones

ATA y UPTA proponen también al equipo de Valerio que bonifique el 100% de la cuota que pagan los autónomos a la Seguridad Social durante el tiempo en el que el trabajador está de baja, además de reforzar la labor de la Inspección en cuanto a la situación del Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente (Trade).

Asimismo, han abogado por recuperar el diálogo institucional entre autónomos y el Ministerio de Trabajo, así como por crear una Comisión de Expertos en materia de Seguridad Social que desarrolle sus trabajos de forma paralela a la subcomisión del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en el Congreso.

Proponen además al Gobierno que para que los autónomos coticen más a la Seguridad Social se permita al final de cada ejercicio que, si estos lo consideran oportuno, puedan aportar mayores cotizaciones al sistema para generar una pensión mayor. Para ello, reclaman que el tratamiento fiscal de esas mayores aportaciones se incentive, como las aportaciones a los planes privados de pensiones.

Fuente: El País