Los hipotecados vuelven a apuntarse un tanto en el culebrón de las hipotecas. El Gobierno ha anunciado que el jueves aprobará un decreto ley para que sean los bancos quienes finalmente paguen el impuesto de actos jurídicos documentados, en contra del fallo del Supremo de ayer martes que establecía que tenían que abonarlo los clientes. En menos de 24 horas, las asociaciones de consumidores han pasado de lamentar la decisión del alto tribunal a aplaudir el anuncio del Ejecutivo, aunque se quejan de que la decisión limita la posibilidad de reclamar las cantidades abonadas en el pasado. Por otra parte, valoran de manera positiva la propuesta de crear una autoridad independiente de protección de los clientes financieros que defienda a los ahorradores de los abusos del sector.
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Los expertos consideran que el anuncio del Gobierno llevará a un encarecimiento de las hipotecas ya que la banca trasladará el precio del impuesto al préstamo. «Estaremos muy atentos a lo que pasa, porque se tiene que mantener la competencia: la banca no puede subir de manera concertada los tipos», alerta Izverniceanu de la OCU.
Rubén Sánchez, portavoz de Facua, valora de forma positiva la decisión del Gobierno, pero admite estar preocupado sobre cómo se llevará a cabo el cambio normativo. Por ello, pide un «blindaje absoluto» de la legislación para evitar que la banca pueda tumbarla. «No debe quedar ningún resquicio legal», explica. A la vez, la organización ha llamado a los consumidores de toda España a movilizarse ante las puertas de los juzgados el próximo sábado para protestar contra la sentencia del Supremo, que el martes calificó de «aberrante». El martes, Sánchez pidió la dimisión tanto del presidente de la institución, Carlos Lesmes, como del presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Luis Díez-Picazo, quien hace tres semanas dejó en el aire la sentencia de la sala que preside que establecía que la banca pagaría el impuesto de AJD y trasladó al pleno la decisión sobre el asunto.
También la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha valorado de manera positiva la decisión del Gobierno. Pero a la vez ha expresado sus dudas, en particular por la limitación que supone de cara a reclamar los gastos abonados en el pasado por el hipotecado. «Seguimos confiando en que la cuestión llegue a Luxemburgo [al Tribunal de Justicia de la Unión Europea]», ha afirmado Ileana Izverniceanu, portavoz de la asociación, que a la vez ha calificado de «muy necesaria» la creación de una autoridad independiente de protección de los clientes financieros, una reivindicación que la asociación tenía desde hace tiempo. «Pero queremos conocer los detalles», ha matizado.
La OCU recuerda que es necesario abordar cambios urgentes y radicales en el sistema de reclamación bancaria gestionado por el Banco de España, que no es vinculante y al que las entidades del sector suelen hacer caso omiso. La asociación ya había pedido eliminar el problema de raíz con la eliminación del AJD, una propuesta que apoya también la asociación de usuarios financieros Asufin. «Desde ASUFIN defendemos la supresión total del impuesto tal y como sucede en el País Vasco, dónde no se paga cuando se trata de la vivienda habitual», ha dicho este miércoles la presidenta de la organización, Patricia Suárez, quien ha animado a los consumidores a seguir reclamando para recuperar el dinero de las cláusulas declaradas abusivas: “La expulsión de una cláusula del contrato conlleva la devolución total de los importes y los juzgados no pueden modular los efectos de la nulidad”.
Hipotecas más caras
1.100 millones de euros. Según los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), este es el dinero que se ahorrarán cada año 458.000 nuevos hipotecados, a una media de 2.500 euros de impuesto de AJD por hipoteca. Sánchez, de Facua, recuerda que este gravamen, que recauda la Hacienda autonómica, oscila en función de la comunidad (entre el 0,5% y el 1,5% de la responsabilidad hipotecaria). «Para una hipoteca media el importe del impuesto oscila entre los 600 y los 1.900 euros, poco para toda la vida del préstamo», explica.
Fuente: El País