Tras casi cuatro meses de pesquisas, la investigación llevada a cabo sobre el departamento de Seguridad de El Corte Inglés no ha encontrado ninguna anomalía, según han informado fuentes próximas al grupo tras la celebración del consejo de administración de la compañía. La empresa había puesto en marcha una investigación interna y otra externa, que se encargó a las consultoras EY y BDO. Las dos han concluido que todo se hizo de acuerdo con la legalidad, según las fuentes oficiales consultadas.

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La investigación fue un empeño personal del anterior presidente, Dimas Gimeno, ante las sospechas de que se habían cometido irregularidades por parte del que había sido director de Seguridad, Juan Carlos Fernández-Cernuda. Se referían a contratos adjudicados a empresas propias con precios inflados. Con esos mismos indicios, Gimeno presentó posteriormente una querella contra Fernández-Cernuda que ha recaído en el Juzgado número 46 de Madrid. Este todavía no se ha pronunciado.

Destitución de Gimeno

Además del informe, el consejo aprobó la celebración de la junta general de accionistas el día 26 de agosto, último domingo del mes. Uno de los puntos del orden del día corresponde a los nombramientos y ceses, donde teóricamente puede entrar la destitución de Gimeno como consejero.

Es posible que para la fecha de la junta se haya avanzado en las negociaciones para indemnizar a Gimeno, y que así pueda liberar sus acciones y las de su madre y su tío, María José y César, del anclaje que tienen ahora en la sociedad patrimonial IASA que comparten con las hijas de Isidoro Álvarez.

La contrapartida de un acuerdo sería la retirada de la citada querella y de la demanda en la que Gimeno pedía la impugnación de su destitución como presidente de los grandes almacenes, una demanda que fue admitida a trámite por el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid. La destitución fue adoptada en el consejo de administración del 14 de junio.

En la demanda, Gimeno solicitaba, además de la declaración de nulidad del acuerdo adoptado en dicho consejo por haberse convocado indebidamente con vulneración de las reglas esenciales de su constitución, la suspensión cautelar del acuerdo.

Fuente: El País