La industria del motor ha reaccionado con alarma ante el anuncio realizado el miércoles por Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, de que el mantenimiento del diésel en España “tiene los días contados” por razones de salud pública y medioambiental. Según explicó la ministra durante su primera comparecencia en el Congreso, el gasóleo “durará más, durará menos, pero su impacto en partículas y en el aire es suficientemente importante como para ir pensando en un proceso de salida”. Salida que se fraguará, entre otras medidas, con un régimen fiscal que desincentive la compra y producción de estos vehículos, además de su repostaje.
La unánime reacción de las asociaciones de fabricantes, distribuidores y concesionarios, que han pedido “moderación” y rigor a la ministra y hablan de “veto tecnológico” al diésel, tiene a su favor importantes argumentos tanto económicos como técnicos. Los primeros, porque la tecnología diésel acapara el 41% de los coches que se fabrican en España y su producción da empleo a 40.000 personas. Y los segundos, porque la equiparación automática del motor de gasóleo con la contaminación medioambiental ha dejado de ser cierta en la industria actual. Dejando a un lado el profundo daño causado al mercado por el escándalo del dieselgate, los fabricantes han avanzado para optimizar la tecnología hasta fabricar vehículos diésel que emiten similares partículas que los coches de gasolina, pero menos CO2.
Es cierto que la tendencia tanto de regulaciones como de mercados en Europa camina hacia la progresiva reducción de los antiguos motores diésel en favor de las tecnologías limpias, y que ahí cabe actuar con la fiscalidad. Pero ello no puede suponer un veto tajante a los nuevos vehículos de gasóleo no contaminante ni un alza desorbitado de los impuestos. Desde la industria se reclama que los cambios fiscales tengan en cuenta las emisiones como criterio objetivo en lugar de demonizar el diésel. Enfrente tienen a un Gobierno que confía en recaudar 2.140 millones con un alza en este combustible para destinar al gasto social. Pero antes de acordar esta o cualquier otra medida es obligado analizar con prudencia y rigor tanto los criterios objetivos como el efecto que pueda producirse en la economía.
Fuente: Cinco Días