La Fiscalía Anticorrupción considera “prematura” y un “cierre en falso” la decisión del juez Santiago Pedraz de archivar la investigación por blanqueo contra el exbanquero Mario Conde por repatriar a España 14,1 millones de euros que tenía ocultos en paraísos fiscales y que supuestamente pertenecían al botín que obtuvo Conde de su paso por Banesto. El ministerio público ha recurrido en apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la decisión del magistrado instructor, que el pasado 24 de octubre sobreseyó la investigación al considerar que los fondos eran anteriores a la época de Conde como presidente de la extinta entidad bancaria, entre 1987 y diciembre de 1993.

La Fiscalía entiende que los fondos forman parte de los 26,05 millones que Conde debía reintegrar a la entidad –absorbida por el Santander- por las sentencias de los casos Argentia Trust y Banesto, en el que se le impusieron indemnizaciones conjuntas por valor de 26,05 millones de euros. De esta cantidad, Conde solo ha devuelto 11,95 millones. El exbanquero estuvo en prisión por esta causa entre el 14 de abril y el 17 de junio de 2016.

El ministerio público critica que Pedraz cerrara la investigación sin contar con su dictamen, y sin trasladarle las “diversas y coordinadas” peticiones de sobreseimiento formuladas por la práctica totalidad de las defensas. En la causa, además de Conde, se encontraban imputados sus dos hijos, Alejandra y Mario, y otros colaboradores de confianza como el abogado Francisco Javier de la Vega.

La fiscalía, en un comunicado remitido este lunes, entiende que la decisión de Pedraz “soslaya el material incriminatorio hallado en las entradas y registros practicados” y en las comisiones rogatorias –procedimiento de auxilio judicial entre Estados- ya cumplimentadas. El archivo, afirma el ministerio público “deja sin investigar el complejísimo “mapa bancario” de Mario Conde”. Según el comunicado existen “indicios sólidos” de que el exbanquero mantiene un “considerable patrimonio” en el extranjero, oculto a la Hacienda Pública española.

“Los datos disponibles hasta la fecha ponen de manifiesto que los rendimientos derivados de las cuantiosas cuotas defraudadas en los ejercicios fiscales 1983, 1987 y 1989, estarían siendo introducidos en España por un entramado societario controlado por Mario Conde mediante operativas propias de blanqueo de capitales”, señala la fiscalía.

El juez Pedraz consideraba en su auto de archivo que “tampoco puede apreciarse la comisión de delito alguno contra la Hacienda Pública”. Por un lado, la documentación remitida por Suiza no puede utilizarse para perseguir delitos tributarios, según las leyes helvéticas. Además, en aquellos ejercicios no prescritos, los peritos de la Agencia Tributaria señalan que las cuotas defraudadas no alcanzan los 120.000 euros en cada ejercicio, umbral en el que el fraude fiscal se convierte en delito.

La fiscalía, en cambio, sostiene que el archivo se basa en un informe provisional de peritos de la Agencia Tributaria que solo han analizado documentos aportados por las defensas, y que esto llevaba a Pedraz a afirma que no existen “expectativas de obtener nuevos datos inculpatorios”. Por el contrario, el ministerio público considera: “La resolución dictada es prematura y supone un cierre en falso de la instrucción, pues no atiende las propuestas de investigación formuladas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y no aguarda a la cumplimentación de varias comisiones rogatorias que todavía no han sido recibidas”.

Fuente: El País