El Ministerio de Trabajo puede excluir a los agentes sociales del órgano colegiado que evalúa las solicitudes de subvenciones para impartir cursos de formación convocados desde la Administración central. Así lo han dictado en octubre tres sentencias de la Audiencia Nacional que contradicen lo fallado en 2017 por varios juzgados de primera instancia de Madrid ante demandas de UGT, CC OO y de CEOE.
Sindicatos y empresarios habían impugnado la convocatoria de formación de 2016 por excluirles de ese órgano, que no toma las decisiones pero sí asesora y dispone de información, por el entonces llamado Ministerio de Empleo, dirigido por Fátima Báñez. Los jueces de primera instancia les dieron la razón en sentencias, en algún caso, duras.
Empleo no se conformó con la decisión y recurrió a la Audiencia Nacional, que ha validado esa decisión porque era potestad política incluirles o no. Para la sala de lo Contencioso-administrativo la participación de los agentes sociales “no viene impuesta por el análisis de la globalidad de la ley”, aprobada en 2015. “De aquí que no queda reprochar […] la vulneración de un precepto legal o reglamentario”, continúa.
Críticos con Empleo
A pesar de este fallo, los magistrados no eluden reprender a Empleo por lo “desacertado de las razones ofrecidas”, que “no enerva las conclusiones” a las que llegan.
Las tres sentencias son recurribles, pero lo más probable es que acaben siendo definitivas, porque ninguna de las organizaciones pretende recurrirlas, según han confirmado a este diario. Ni CC OO ni las patronales han querido comentar el fallo. UGT, en cambio, sí que ha señalado que no le parece importante. Hay que tener en cuenta que el cambio de Gobierno abre otro escenario en la formación. El Ejecutivo actual parece dispuesto a aceptar la presencia de sindicatos y empresarios en ese órgano asesor. Y, además, se ha mostrado partidario de cambiar la ley de 2015, que tanto critican los agentes sociales.
Fuente: El País