Las Administraciones Públicas siguen reduciendo el déficit público hasta junio, según las cifras difundidas este miércoles por el Ministerio de Hacienda. Cuadrar los gastos y los ingresos públicos ha sido uno de los mayores retos de los gobernantes españoles desde que estalló la Gran Recesión, allá por 2008. Aunque la cifra de déficit público se ha reducido considerablemente en estos años, Bruselas sigue presionando para atajar una brecha presupuestaria que impide a las autoridades reducir la abultada deuda pública.

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Hacienda publica periodicamente la variación mensual de la ejecución presupuestaria del conjunto de las Administraciones Públicas para hacer el seguimiento de este desequilibrio. Y este miércoles ha difundido una catarata de datos sobre los gastos e ingresos públicos del Estado, comunidades autónomas y Seguridad Social (y excluidos los Ayuntamientos). «Hasta junio, el déficit de la Administración Central, las Comunidades Autónomas y los Fondos de la Seguridad Social disminuye en 0,44 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2017», destaca el Departamento que dirige la ministra María Jesús Montero en un comunicado.Y añade: «En el primer semestre la necesidad de financiación conjunta de la Administración Central, las Comunidades Autónomas y los Fondos de la Seguridad Social asciende a 22.698 millones —excluida la ayuda financiera— lo que supone un 15,8% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior. En términos de PIB, esta cifra equivale al 1,87%, registrando una caída de 0,44 puntos porcentuales de PIB».

El cambio del objetivo de déficit

Aunque las cifras muestran una paulatina reducción del déficit público no será suficiente para dejar los números rojos en una cifra equivalente al 2,2% del PIB, como había pactado el anterior Ejecutivo popular con la Comisión Europea. Por eso, el nuevo Gobierno socialista pidió a Bruselas una revisión de estos objetivos nada más alcanzar el poder tras la moción de censura al encontrarse con unos objetivos casi imposibles de cumplir sin aplicar nuevos recortes o subidas de impuestos. Y por eso, la ministra de Economía, Nadia Calviño, anunció que el nuevo objetivo de déficit se situaría este año en el 2,7% del PIB, en línea con las cifras de ejecución presupuestaria divulgadas este miércoles.

Alcanzar esa meta está al alcance de la mano. Los cálculos realizados por este diario, con datos anualizados, sitúan el déficit público del conjunto de las comunidades en el 2,8% al final de este año, muy cerca de la cifra que ha anunciado la ministra de Economía, Nadia Calviño.

Pero el Gobierno no puede descuidarse. Los últimos datos de ejecución presupuestaria del Estado central a julio, publicados ayer por Hacienda, muestran una ligera desaceleración en el ritmo de reducción del déficit. Aunque la Administración central ha bajado los números rojos un 13% hasta julio, este descenso respecto al mismo periodo del año anterior es casi la mitad del registrado en junio. Y eso que el Ejecutivo cuenta con las vitaminas extra que le aporta la recaudación tributaria, que aumentan un 7,8% hasta julio.

Los gastos de la Administración central, por su parte, repuntan. Aumentan un 5,2% por las mayores transferencias a la Seguridad Social para ayudar a pagar las pensiones. Detrás de este aumento del gasto están también las transferencias a las comunidades autónomas por las mayores entregas a cuenta del sistema de financiación y el aumento de las inversiones.

Las cifras del primer semestre

Hacienda ha difundido también este miércoles las cifras de ejecución presupuestaria del conjunto de subsectores públicos (administración central, Seguridad Social y comunidades). Estas administraciones, sin contar con los Ayuntamientos, han disminuido su déficit hasta los 9.974 millones, el 0,82% del PIB. Las comunidades autónomas han registrado un déficit de 7.133 millones, lo que supone una disminución de casi un 16% respecto al mes de junio del año anterior, pasando del 0,73% al 0,59% del PIB, pero se alejan de su objetivo de déficit, el 0,4%.

Por su parte, los Fondos de la Seguridad Social (incluye la Seguridad Social, el Fogasa y el Servicio Público de Empleo) han obtenido hasta junio un superávit de 5.591 millones, equivalente al 0,46% del PIB, un 6,5% menor respecto al registrado en el mismo periodo del año anterior. Los recursos se han incrementado un 3,5%, destacando el fuerte aumento de las cotizaciones del 5,2%.

Fuente: El País