El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este viernes el aumento del techo de gasto del Estado, la cifra sobre la que comienzan a construir los Presupuestos. Este dato, conocido oficialmente como límite de gasto no financiero de los ministerios, sirve, además, para calcular las entregas a cuenta del sistema de financiación de las comunidades autónomas.
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Precisamente un día antes, el próximo jueves, el Ministerio de Hacienda convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano de interlocución entre el Ejecutivo estatal y los autonómicos para asuntos de Finanzas. En esta cita se les comunicará la nueva senda de consolidación fiscal. Este calendario de reducción del déficit fue comunicado la semana pasada por la ministra de Economía a la Comisión Europea para aplazar el ajuste de 6.000 millones de euros.
Aunque la ministra aseguró entonces que el objetivo de déficit público para este año se suavizaba al pasar del 2,2% del PIB inicial al 2,7%, en realidad las metas presupuestarias se mantienen inalterables. El Ejecutivo reconoce que incumplirá los compromisos presupuestarios y responsabiliza al anterior Gobierno de Mariano Rajoy de haber diseñado unos Presupuestos poco realistas. Lo que sí cambia, con el visto bueno de las autoridades comunitarias, es la senda de consolidación fiscal del periodo 2019-2021. El próximo año la meta de déficit se suaviza al subir del 1,3% previsto al 1,8% del PIB. En 2020 será el 1,1%, y en 2021 los números rojos alcanzaran el 0,4% del PIB, según avanzaron este lunes la Cadena Ser y Cinco Días.
Por eso, al suavizar el calendario de reducción de déficit público, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, informará a las comunidades autónomas de que también relajará sus metas el próximo año al pasar del 0,1% del PIB al 0,3%. Esto supone aumentar su margen presupuestario en dos décimas del PIB, el equivalente a 2.500 millones de euros.
2.500 millones de margen
Las comunidades autónomas son las administraciones que más han ajustado sus cuentas durante la crisis. En 2011, uno de los peores años de la crisis, registraron unos números rojos del 3,35% del PIB, un agujero equivalente a 35.000 millones de euros. El año pasado, sin embargo, redujeron el déficit al 0,32% del PIB. Atrás quedan los recortes en sanidad, educación y otros servicios públicos fundamentales que se acometieron durante los años de crisis. Las comunidades esperan ahora una reforma del sistema de financiación, que tendrá que esperar hasta la próxima legislatura, según avanzó el presidente Pedro Sánchez.
El nuevo margen presupuestario de 2.500 millones permitirá a los presidentes autonómicos recuperar algunos de los derechos perdidos durante la Gran Recesión. El Gobierno también suavizará el calendario de ajuste de la Seguridad Social, una de las administraciones públicas con más problemas financieros.
Fuente: El País