El acuerdo salarial alcanzado entre sindicatos y patronal, que ha sido bendecido por el presidente del Gobierno con mucha prosopopeya esta semana con la segunda reunión en un mes con los agentes sociales en La Moncloa, deja abiertos ahora muchos cauces para el diálogo social. Uno de ellos es el del Consejo Económico y Social (CES), cuya renovación está pendiente desde diciembre pasado y cuyo titular desde 2006, Marcos Peña, lleva cuatro años de interinidad.

Posiblemente el asunto se despeje esta misma semana, en la reunión que está prevista entre Marcos Peña y la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. Su antecesora en el cargo, Fátima Báñez, mantuvo en el cargo a Peña pese a las presiones y peticiones de correligionarios que se agolpaban para acceder al puesto. O posiblemente por eso. Y todo pese a que Peña había mostrado su intención de dejarlo cuando se cumplió su segundo mandato y alcanzó ocho años en el cargo. Si no, podría haber renovado por cuatro años más de manera oficial porque el cargo de presidente del CES no tiene límite. Por eso, no se descarta que trate de convencer a Peña.

Pero han pasado los años con la interinidad. Seguramente, primó el buen hacer al frente de la institución de Peña, un hombre abierto, dialogante y nada conflictivo, al que todos los colectivos del CES respetan y con el que se sienten muy a gusto, además de conocer la materia que tiene entre manos. Precisamente, Peña fue el elegido como árbitro en el conflicto de los trabajadores de Eulen de los controles de seguridad del aeropuerto de El Prat, que resolvió solventemente.

La ministra Valerio se entrevista esta semana con el actual presidente, Marcos Peña

Pero es que, además, en diciembre deberían haberse renovado los 60 miembros que componen el organismo y, quizá por la típica pereza institucional que surge en casos como este, se fue dejando. La renovación de los componentes del CES no suele revolucionaria, de forma que la mayor parte de ellos repiten.

El CES es un organismo consultivo del Gobierno que se encarga de analizar las decisiones en materia económica y social. El pleno de la institución está formado por tres bloques de 20 miembros cada uno: sindicatos (nueve de Comisiones Obreras, nueve de UGT, uno de CIGA y otro de ELA-STV); patronales (CEOE y Cepyme) y social (Cepes, consumidores, sector marítimo y pesquero, sector agrario y seis expertos nombrados directamente por el Gobierno, grupo este en el que estuvo integrado Peña desde 2005 hasta que fue nombrado presidente).

Para el nombramiento de presidente, el candidato debe ser propuesto por el Gobierno y tener la aprobación de las dos terceras partes del pleno y luego pasar el examen de idoneidad del Congreso de los Diputados. En la última ocasión en que se planteó el relevo, a propuesta del presidente de la CEOE, Juan Rosell, y con el beneplácito de Ignacio Fernández Toxo, todavía secretario general de CC OO, se habló de Cándido Méndez, que había dejado la secretaría general de UGT en marzo de 2016. La ministra Báñez se mostró de acuerdo; la tardanza de UGT en contestar enfrió las pretensiones de sus postulantes.

Cándido Méndez cumple con el perfil para ocupar la plaza y abordar la modernización

Ahora el nombre de Méndez ha vuelto a surgir y su perfil encaja en lo que se busca para el cargo. Su nombre genera consenso entre los agentes sociales (tanto los dirigentes patronales como los sindicales) y el Gobierno, lo que allana mucho más el camino y evita la búsqueda de nombres para un cargo para el que nunca faltan candidatos interesados que apelan a los servicios prestados.

No es ese el caso de Méndez, cuyo nombramiento permitiría abordar el cambio en el funcionamiento del CES, ya que él mismo era uno de los defensores de ese cambio de la ley de manera que se hiciera al estilo europeo. Es decir, avanzar hacia una mayor independencia de manera que no sea necesario que el presidente sea propuesto por el Gobierno y, entre otras cuestiones, que la presidencia sea rotatoria cada un número de años (dos o tres) entre los tres colectivos que forman el CES. La idea sigue siendo válida. Pero, además de esa posible rotación también se ha planteado conceder más poder de influencia al CES tanto en los informes sobre los anteproyectos de ley y proyectos de real-decretos como en la mediación sociolaboral. En definitiva, que sea más independiente en su funcionamiento.

Fuente: El País