La cuenta atrás para las elecciones está en marcha, pero el Gobierno no ha agotado todas sus iniciativas legislativas. Una de sus derrotas parlamentarias más sonadas en el último tramo de legislatura fue la del decreto que alargaba los alquileres de tres a cinco años. Podemos y otros socios de izquierda votaron contra la validación del texto por considerarlo insuficiente y se emplazaron con el Ejecutivo a seguir hablando de la materia. La caída de los Presupuestos ha precipitado el final de la legislatura, pero no ha detenido esas conversaciones. Entre Podemos y el Gobierno se han producido reuniones e intercambio de propuestas. Ninguna de las dos partes descarta que eso acabe plasmándose en un nuevo decreto. Lo que sí parece descartado es que pueda producirse antes del 5 de marzo, día en que se disolverán las cámaras. Así que tendría que ser la diputación permanente la encargada de validarlo para convertirlo en ley.
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En el Ministerio de Fomento, encargado de las políticas de Vivienda, no rechazan esa posibilidad. En un desayuno informativo este martes, el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, se ha referido al control de precios, principal escollo del decreto que fue rechazado. “Pensamos que efectivamente se tienen que regular unos índices de precios de alquiler que en España no existen y son importantes para conocer la realidad”, ha asegurado el secretario de Estado, quien ha apostado por trasladar las regulaciones de precios posteriores a las administraciones locales y autonómicas. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, tampoco lo descartó ayer en la rueda de presa posterior a la reunión ejecutiva del PSOE».
Saura cree que corresponde a comunidades y Ayuntamientos
Esa apuesta va en la línea de lo que propone Podemos. “El escollo es básicamente el control de precios”, confirma Lucía Martín, portavoz de Vivienda de la formación morada en el Congreso. “Nosotras tenemos el tema técnicamente muy trabajado, pero está costando llegar a un acuerdo porque a ellos muchas de esas cosas les vienen de nuevas”, añade. Pero la música de fondo, una regulación estatal que diga cómo se pueden elaborar índices de precios y que defina cómo pueden usarlo luego las administraciones autonómicas y locales para declarar zonas tensionadas y establecer límites al aumento de las rentas, no difiere mucho entre lo que señalan en Podemos y en Fomento. De hecho, es lo que se recogía ya en el acuerdo de Presupuestos que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firmaron el pasado octubre.
En todos los demás temas, asegura Martín, hay prácticamente acuerdo. Incluso en algunos temas que “mejorarían” el decreto anterior como la referenciación de las rentas a un índice concreto (IPC o el que sea) para que dentro de un mismo contrato el propietario no puede aumentar el precio aleatoriamente. Otra cuestión será conseguir los apoyos políticos suficientes para que, si se concreta el decreto, lo apruebe la diputación permanente. Este organismo que sustituye al Congreso cuando se disuelven las cámaras respeta las mayorías actuales, así que se necesitaría el apoyo de los diputados nacionalistas. Al margen de consideraciones políticas, en Podemos creen que no sería un escollo. “Ya hemos votado dos veces en esta legislatura sobre vivienda y hemos tenido su voto favorable·”, indica Martín.
Fuente: El País