La organización taxista Fedetaxi ha enviado esta mañana al Comité Nacional de Transportes por Carretera una serie de medidas que quieren añadir al ante proyecto de ley, propuesto por el Ministerio de Fomento junto al real decreto para habilitar a las autonomías y ayuntamientos a regular los vehículos de alquiler con conductor (VTC), y que se tramitará próximamente. 

Entre las medidas propuestas por la asociación destacan la solicitud de reducción del número mínimo de infracciones para la revocación del permiso a las VTC llevándolas a tres o más en lugar de las cinco que se contemplan actualmente. Igualmente, en el documento se ha solicitado un compromiso presupuestario de las comunidades autónomas para intensificar las inspecciones a los servicios que ofrecen las VTC.

La semana pasada, el Congreso convalidó el texto del real decreto ley, aunque aceptó que se tramitara como proyecto de ley, lo que permite la introducción de enmiendas que modifiquen el texto final y toda la ley de ordenación del transporte terrestre (LOTT). El borrador de anteproyecto de modificación de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de infracciones relativas a este tipo de vehículos que preparó el Gobierno, recalificaba algunas infracciones, que pasan de ser consideradas graves a muy graves y elevan la cuantía de la multa asociada de 600 a 800 euros a 1.000-2.000 euros.

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Las tres infracciones que pasan a muy graves son: cuando los VTC inicien un servicio fuera de su comunidad o incumplan las limitaciones que definen la prestación habitual del servicio en el territorio en que se encuentre domiciliada la autorización en que se amparan; cuando el vehículo inicie un servicio sin que el titular de la autorización haya comunicado, por vía electrónica, los datos relativos a dicho servicio exigidos por la legislación, y por último, cuando los VTC recojan clientes que no hayan contratado antes el servicio.

La nueva ley también prevé modificar el apartado 143.4 de la LOTT para permitir inmovilizar los VTC si se les identifica superando el tiempo que pueden dar servicio fuera de su comunidad hasta que paguen la sanción.

Algunas comunidades autónomas como Cataluña y la Comunidad Valenciana ya se han reunido con las administraciones locales a fin de articular un marco normativo para cuestiones en las que ya pueden asumir competencias regulatorias como las condiciones de prestación de servicios, fórmulas para la captación de clientes, horarios, trayectos y la restricción por cuestiones de medio ambiente o de tráfico de las VTC.

Fuente: Cinco Días