El déficit del conjunto de las administraciones públicas cerró el año pasado en 31.805 millones de euros, el equivalente al 2,6% del PIB, cinco décimas menos que el desajuste registrado el año anterior (3,1% del PIB) gracias al fuerte tirón de los ingresos por impuestos en el último trimestre del año, cuando se producen dos importante pagos anticipados por el impuesto de sociedades.

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Así se desprende de los datos de las Cuentras Trimestrales no Financieras de los sectores institucionales correspondientes al cuarto trimestre de 2018 publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De esta forma, el Ejecutivo logra así acercarse a su propia meta de déficit para 2018, después de que en verano la ministra de Economía, Nadia Calviño, decidiera que el objetivo pasaba del 2,2% aprobado por Bruselas al 2,7% del PIB porque consideraba que no podían alcanzar el anterior.No obstante, a la vista del resultado si el Ejecutivo hubiera sido más restrictivo en la ejecución presupuestaria hubiera tenido al alcance de la mano el objetivo que exigía Bruselas.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya había adelantado que el déficit público cerró el pasado año por debajo del 2,7% del PIB, gracias a la evolución de los ingresos en el último cuatrimestre de 2018, la buena marcha de economía en la ultima parte del año y al menor coste de la deuda.

Aún así España sigue siendo uno de los países de la Unión Europea que registra un mayor desfase en sus cuentas públicas. La semana pasada Francia anunció que cerró 2018 con un déficit del 2,5% y Portugal logró reducir sus números rojos a una cifra equivalente al 0,5%.

Una vez superado el trámite de la presentación del cierre de 2018, el Gobierno de Pedro Sánchez trabaja para gestionar las finanzas públicas de este año, cuyo objetivo de reducción del déficit público comprometido con Bruselas (el 1,3% del PIB) se complica tras el rechazo de los Presupuestos Generales del Estado por el Congreso, lo que desencadenó la convocatoria electoral por parte de Sánchez. Desde entonces el Ejecutivo socialista ha aprovechado el consejo de ministros para aprobar medidas de aumento de gasto (los llamados viernes sociales de Sánchez) sin correspondencia por el lado de los ingresos. Por lo que espera financiar todas estas medidas de protección social a la mejora del ciclo económico. Es decir, a los ingresos extraordinarios que logrará recaudar el Estado por el crecimiento económico.

La bajada del objetivo de déficit público en 2018 hará que España salga este año del procedimiento de déficit excesivo, una cuestión relevante para España, ya que actualmente es el único país bajo este mecanismo de supervisión y que el Gobierno valora porque supone una muestra de «fortaleza, solvencia y buen trabajo».

Para el ejercicio 2019 la meta oficial de déficit público es del 1,3% del PIB, a pesar de que el Gobierno de Pedro Sánchez intento relajar sin éxito el objetivo al 1,8% del PIB.

De hecho, el Ejecutivo ya ha advertido en varias ocasiones de que la no aprobación de los Presupuestos de 2019 elevará el déficit hasta el 2,3% o 2,4% del PIB, por lo que el próximo Gobierno resultante de las elecciones generales del 28 de abril deberá acometer un ajuste de en torno a 13.000 millones de euros.

Fuente: El País