Los Presupuestos del Estado de 2018 son un ejercicio de incoherencia fiscal colectivo: preparados y tramitados por el Gobierno de Mariano Rajoy y aprobados finalmente por el de Pedro Sánchez, han contado con el apoyo, antes o después, de una amplísima mayoría de diputados y formaciones políticas. Unos presupuestos cuya ejecución nos conduce de nuevo a un déficit próximo al 3% del PIB. Una insuficiencia fiscal de naturaleza estructural (ya nada tiene que ver la recesión) sin parangón en los países de nuestro entorno.
Se está cometiendo un error colectivo, porque la deuda pública está en máximos históricos y porque se está dinamitando la capacidad presupuestaria para enfrentarnos a la siguiente crisis, que llegará. Con un PIB creciendo en el entorno del 3%, los políticos deberían estar divisando ya un escenario de superávit; al menos de equilibrio presupuestario.
Cómo hacerlo depende de las preferencias políticas: se puede aumentar ingresos, recortar gasto o combinar ambas estrategias. Si, de nuevo, nos comparamos con otros, la realidad es que el nivel de gasto público de España es bajo; pero los recursos públicos lo son todavía más. Reformar a fondo el sistema tributario para hacerlo más eficiente y justo, eliminando bonificaciones y ventajas fiscales de todo tipo y combatiendo a degüello el fraude fiscal, permitiría elevar la recaudación y converger con la media comunitaria. Pero, insisto, esa es una opción política. Lo que no es una alternativa coherente y responsable es mantener el déficit estructural elevado.
Y en ese escenario, el Gobierno de Pedro Sánchez opta por lo más razonable. Primero, asumir que, con lo difícil que ha sido la aprobación de los Presupuestos y su debilidad parlamentaria, lo que toca es ejecutarlos y no tratar de ajustarlos a la baja. Segundo, negociar con Bruselas un cambio en la senda del déficit. Para 2018, un objetivo coherente con lo que reflejan los presupuestos: el -2,7% es factible; el -2,2% no. Para 2019 y más allá, reducciones progresivas del déficit partiendo del efecto escalón que se produce en 2018: el medio punto que se aumenta en el ejercicio en curso eleva de forma natural los objetivos para los años venideros. Tercero, para 2019 se habla de la necesidad de elevar ingresos para reducir el déficit y financiar promesas de gasto. En mi opinión sería preferible hablar de la reforma fiscal que necesitamos y no de soluciones parciales. Pero el Congreso no está para grandes acuerdos sobre el sistema tributario español.
No es razonable que el PP se queje ahora de irresponsabilidad fiscal cuando ha sido el principal responsable de los Presupuestos de 2018; y tampoco que los partidos a la izquierda demanden mayor laxitud en el déficit y más gasto público sin acordar antes cómo se financiará. Sin duda, los planes del Gobierno para 2019 pueden ser discutidos y mejorados desde un espíritu constructivo y exigente. Lo que no se debe hacer es mantenerse en la demagogia y orillar el problema de déficit estructural que padecemos.
Fuente: El País