«La situación de desigualdad existe, pero a favor del taxi». De forma tan tajante, el primer ministro portugués, António Costa, ha acabado este miércoles con la polémica levantada en el Parlamento y ha dado respuesta a los taxistas que desde hace una semana están plantados en las calles del país.
Los taxistas portugueses llevan ocho días aparcados en avenidas de Lisboa, Faro y Oporto como forma de protesta por la nueva regulación para vehículos sin conductor mediante plataformas online (conocida como ley Uber), cuya entrada en vigor está prevista para noviembre. La ley fue aprobada en el Parlamento con los únicos votos en contra de los diputados del PCP y del Bloco, los dos socios principales del Ejecutivo socialista.
El pasado domingo, una representación del gremio se entrevistó con el presidente de la República, que dio el visto bueno a la ley después de un primer veto, y el lunes con el gabinete económico del primer ministro. En ambos casos, los taxistas salieron defraudados de las entrevistas y continuaron con su protesta, que este miércoles se ha celebrado en los alrededores de la Asamblea de la República coincidiendo con la presencia de Costa en el interior.
Durante la sesión parlamentaria, la diputada de la coalición PCP-Verdes, Heloísa Apolónia, ha defendido ante Costa los intereses de los taxistas asegurando que la ley Uber crea «competencia desleal ilegal». La crítica al primer ministro no ha cambiado su respuesta: «El Gobierno presentó una propuesta al Parlamento, que debatió y aprobó un decreto que fue vetado por el presidente de la República. La Asamblea volvió a apreciar la materia, discutió, oyó, introdujo alteraciones y el señor presidente aprobó la ley. No corresponde al Gobierno venir ahora a revocar o alterar una ley que fue aprobada por esta Asamblea, promulgada por el presidente y que aún no ha entrado en vigor».
Pero lo que para Apolónia son desventajas para los taxistas, para Costa es una «protección». Efectivamente, solo los taxis pueden circular por un carril reservado, aparcar gratis en lugares marcados y reservar viajes con anticipación, además de obtener beneficios crediticios en la renovación de flotas.
Las asociaciones de taxistas vuelcan ya sus esfuerzos en los Ayuntamientos para que estos dicten normas que controlen los vehículos de Uber, Cabify, Taxify y Chauffeur Privé, que ya funcionan en Lisboa. Su objetivo ahora -una vez que la Ley no tiene marcha atrás- es que las normativas municipales impongan un número limitado de licencias a estos servicios.
Fuente: El País