El Gobierno ha logrado convertir en indefinidos 46.524 contratos temporales fraudulentos, casi un tercio de los 153.900 fijos que se rubricaron en agosto, según ha asegurado este jueves la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio. En una conferencia organizada por Nueva Economía Forum, la ministra ha detallado que en agosto se enviaron cartas a empresas avisando de que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social había detectado que 80.529 trabajadores temporales habían sobrepasado el tiempo establecido.
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De las cartas enviadas por 80.529 casos sospechosos de abuso en la contratación temporal, 46.524 contratos han sido convertidos en indefinidos, el 57,8% del total, cifra que pasó a engrosar las casi 154.000 contrataciones fijas, que supusieron un alza del 33% y la mayor cifra contabilizada en un mes de agosto de la serie histórica del ministerio.
La ministra ha recordado que estos datos son fruto de la puesta en marcha en julio del Plan Director por un Trabajo Digno, dotado con 30 millones de euros, y con el que se pretende recuperar los derechos laborales perdidos y garantizar la competencia leal entre las empresas.
Estos datos «pueden ser una gota de agua en el océano de la precariedad, pero da idea del compromiso del Gobierno y de la decisión de las empresas de replantearse su política de contratación», ha dicho. «Trabajamos para evitar la temporalidad, la rotación de los contratos de corta duración, vigilar el tiempo parcial en fraude de ley, las horas extra no pagadas, la figura del autónomo que se usa de manera fraudulenta y para evitar la devaluación salarial», ha recordado la ministra.
La ministra ha animado a las empresas a «luchar por un empleo más estable» y ha considerado que los datos son «esperanzadores porque significa que entre todos estamos consiguiendo reorientar el barco hacia un mercado laboral más justo con contratos más estables».
La subida de las pensiones, pendiente del pacto
Valerio también ha hablado sobre la reforma de pensiones que se está debatiendo en el pacto de Toledo, que ayer anuló su reunión ante la fuerte distancia sobre la revalorización que hay entre los distintos partidos. La ministra ha afirmado que la subida vinculada al IPC debe ser troncal, pero ha asegurado que si se quiere excepcionar por la situación económica en épocas de crisis, se hará teniendo en cuenta al Pacto de Toledo y la mesa de diálogo social y no de manera unilateral.
«Todo el mundo tiene que ceder un poquito de su posición», ha apostillado, tras afirmar que el Gobierno espera que el Pacto de Toledo retome sus tareas «cuanto antes» y que lleguen las recomendaciones en todos los aspectos. Asimismo, ha señalado que aunque las pensiones han subido este año según las previsiones del IPC, pero que el Gobierno se compromete a abonar «la paguilla», es decir, a dar una paga compensatoria con la diferencia si los precios suben a finales de año por encima del 1,6%.
Durante su discurso, la ministra ha dejado claro que el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones es «inquebrantable». «En el marco del Pacto de Toledo y previo acuerdo del diálogo social es absolutamente fundamental que se garantice este mantenimiento del poder adquisitivo», ha resaltado.
Fuente: El País