Será una sesión breve, pero decisiva. La fiscal Carmen Launa protagonizará hoy un momento clave del juicio por la salida a Bolsa de Bankia, que puede cambiar a peor la situación procesal de los 34 acusados. La presentación de las conclusiones finales, que en otros casos es un mero trámite, tiene a los exdirectivos de la entidad en vilo: la fiscal podría mantener su escrito provisional, limitado a cuatro personas y al delito de estafa a inversores, o ampliar la acusación al de falsedad contable, lo que les sumaría —a ellos y a más acusados— varios años de petición de pena.
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Como ocurre en tantos otros ámbitos, en los juicios cada uno habla de la feria según le va en ella. Las defensas del caso Bankia creen que Launa no se atreverá a endurecer su escrito de acusación, que ahora se dirige únicamente contra Rodrigo Rato y otros tres antiguos administradores del banco y por un solo delito: el de estafa a inversores. Afirman que los informes de los peritos independientes tienen “debilidades” e incoherencias y confían en que Launa no vaya más allá de las conclusiones que le dejó su antecesor, Alejandro Luzón, ahora fiscal jefe de Anticorrupción. Las acusaciones, por supuesto, lo ven de otro modo y opinan que es muy probable que la fiscal amplíe la acusación. No es una simple percepción: la propia Launa avisó al inicio del juicio de que lo estaba barajando.
El juicio por la salida a Bolsa de Bankia encara su fase final tras 58 sesiones y casi nueve meses en los que han declarado los 34 acusados, 57 testigos y una veintena de peritos. A principios de mes terminó la fase pericial, muy técnica y que se desarrolló como un careo entre los peritos judiciales —inspectores del Banco de España cedidos para elaborar informes para Anticorrupción— y una decena de catedráticos contratados por los acusados. Fueron decenas de horas de descenso al detalle contable que para las defensas tenían un objetivo claro: aflorar argumentos endebles o discrepancias. Pillar a los peritos en algún renuncio delante del tribunal, en resumen.
Los peritos, Víctor Sánchez Nogueras y Antonio Busquets, se mantuvieron firmes. Defendieron sus informes y lo que concluyeron en ellos: que las cuentas de la salida a Bolsa no reflejaban la imagen fiel de la entidad. Las cuentas de diciembre de 2010 de constitución del SIP (fusión fría de Caja Madrid y otras seis cajas que dio lugar a Bankia) no recogían deterioros previos de las cajas, insistieron. Los catedráticos atacaron principalmente por dos flancos: el sesgo retrospectivo —les acusaron de analizar la situación con datos o hechos que se produjeron más tarde— y el hecho de no coincidir en la cifra de los deterioros de los activos de Bankia, ya que dieron 1.000 millones de diferencia (cada uno firmó tres informes distintos). Sánchez Nogueras le quitó importancia: “Las discrepancias no son tales. Decidimos trabajar de manera independiente y siempre llegábamos a la misma conclusión: las cuentas no reflejaban la imagen fiel”.
La fiscal decidirá hoy si la situación procesal de los exdirectivos de BFA y Bankia es más o menos cómoda en lo que resta de juicio, que quedará visto para sentencia previsiblemente en septiembre. Hasta ahora, solo acusaba de estafa de inversores a cuatro administradores: Rodrigo Rato, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú para los que pedía penas de cinco, cuatro, tres, y dos años y siete meses de prisión, respectivamente. Pero en el juicio hay 34 acusados: 31 individuos y tres personas jurídicas (Bankia, su matriz BFA y la auditora Deloitte), para los que las acusaciones particulares y populares piden hasta 12 años sumando otro delito, el de falsedad contable.
La fiscal podría atribuírselo a los cuatro administradores o ampliarlo a otros responsables, quizá no a todos los consejeros pero sí a los que pertenecieron a la comisión ejecutiva o a la de auditoría, barruntan fuentes de las acusaciones. “Es la calificación más compleja que he hecho en mi vida”, dice Andrés Herzog, que dirige la acusación del CIC. “Son muchos acusados y tenemos que perfilar bien los delitos, las penas y quién fue responsable de cada cosa. Probablemente bajaremos algunas penas. En la acusación provisional fuimos al máximo”, avanza. “En nuestro escrito haremos valer el trabajo de los peritos, que han mantenido y explicado sus conclusiones muy bien”, asegura por su parte Oscar Erredondo, de Cremades, que defiende a los afectados de Aemec.
Fuente: El País