El Gobierno estudia esta viernes los detalles de un decreto ley para modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) que aumentará los plazos de los alquileres e incluirá otras medidas contempladas en el acuerdo presupuestario con Podemos. Sin embargo, el texto que va a examinar el Consejo de MInistros deja fuera algunos aspectos que desde la formación morada consideran «fundamentales» para controlar los precios. 

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«Bienvenido sea el decreto porque responde al acuerdo presupuestario, pero para nosotros es totalmente insuficiente», señalan fuentes de Podemos conocedoras de las negociaciones con el Ejecutivo. Este les confirmó anoche a última hora que llevarían este viernes el decreto al Consejo, que se celebra sin Pedro Sánchez porque el presidente se encuentra en Bruselas. El partido de Pablo Iglesias no se opondrá al decreto, si se aprueba como es previsible, pero esas mismas fuentes señalan que intentarán que, durante la necesaria validación por parte del Congreso, se tramite como proyecto de ley para poder introducir cambios.

Concretamente, Podemos quiere que la modificación de la LAU recoja algunas medidas que han formado parte de las negociaciones y que el Gobierno prefiere posponer. La primera es la elaboración de índices de precios por parte de las administraciones públicas, en la línea de lo que detallaba el punto 3.2 del acuerdo presupuestario, con vistas a poder limitar las subidas de las rentas en las zonas tensionadas. En Podemos destacan que se trata de una medida «que no tiene coste económico» y que debería incluirse en la ley que regula los alquileres. Por tanto, creen que debería figurar en el decreto. «Vamos a pelearlo en la tramitación»; añaden esas mismas fuentes.

Otras es la aplicación retroactiva de la prórroga de los alquileres, una modificación que «tendría un efecto inmediato en la ciudadanía» y que en la formación morada creen que tiene encaje legal si se justifica y se acota correctamente. Consistiría en que la ampliación de los plazos de alquieres que recoge el decreto -los contratos volverán a durar cinco años, frente a los tres actuales, y se alargarán hasta siete en el caso de que el arrendador sea una empresa- se aplique a los contratos ya vigentes. La última es la obligatoriedad de que la revisión anual de rentas se realice solo a través del IPC y no de otros índices que generalmente resultan menos beneficiosos para el inquilino.

«No se atreven a tocar y regular el mercado de acuerdo con parámetros habituales en toda Europa», resumen las fuentes consultadas de Podemos ante la pregunta de por qué esas medidas que han estado sobre la mesa (y algunas de ellas consagradas en el acuerdo presupuestario) finalmente no aparecen en el decreto del Gobierno. En cualquier caso, señalan que la negociación continuará.

Al margen de lo que pueda incluirse en pactos posteriores, estas son algunas de las medidas que recoge el decreto que ultima el Gobierno y que cuentan con consenso entre las dos formaciones de izquierdas:

Contratos más largos

El plazo de los alquileres, que el Gobierno del PP rebajó a tres años en la reforma de la LAU de 2013, volverá a ser con carácter general de cinco años. Además, en el caso en que el arrendador sea una persona jurídica -empresas, fondos de inversión, etc.- los contratos se celebrarán con una duracion mínima de siete años. Las prórrogas tácitas del contrato, que el PP también rebajó y dejó en un año, volverán a contemplar hasta tres años.

Menos gastos para alquilar

En el momento de la firma del contrato, el arrendador no podrá exigir al nuevo inquilino una fianza que exceda en dos meses la renta mensual de alquiler. Se limitan así las garantías, frecuentemente abusivas, que muchos propietarios exigen de manera adicional al mes de fianza. Además, los gastos de inmobiliaria correrán a cuenta del arrendador necesariamente cuando este sea una persona jurídica. 

Resolución anticipada del contrato

El propietario no podrá alegar que tiene necesidad de recuperar el inmueble para echar al inquilino antes de que acabe el plazo legal del alquiler a menos que se esa prerrogativa figure en el contrato suscrito entre ambas partes.

Otras medidas

Además de las mencionadas más arriba, en el decreto se contemplarían también algunos incentivos fiscales, que según fuentes próximas a la elaboración del texto señalan que no se pueden precisar porque todavía se negocian entre varios departamentos. Asimismo, también podrían incluirse modificaciones que afectarían a otras normas, como la de Enjuiciamento Civil, para coordinar mejor los juzgados con los trabajadores sociales en casos de desahucio o se sacarían de la LAU los alquileres turísticos para que su regulación se sujete a normas específicas para el sector.   

Fuente: El País