El Gobierno español intenta rebajar la tensión con Arabia Saudí con el firme propósito de evitar la cancelación del mayor contrato internacional en la historia de los astilleros públicos de Navantia, el del suministro de cinco corbetas por 1.800 millones.
En este sentido ha dado hoy varios pasos atrás en su propósito de dejar de vender armas al ejército saudí ante la posibilidad de que puedan utilizarse en la guerra de Yemen. Allí donde Defensa reconoció el martes su intención de paralizar el contrato de suministro de 400 bombas guiadas por láser, propiedad del Ejército de Tierra y valoradas en 9,2 millones, se habla ahora de “la firme determinación de mantener buenas relaciones con Arabia Saudí”, según ha manifestado la ministra portavoz Isabel Celaá tras el Consejo de Ministros.
Lo de la paralización del contrato, que viene de 2015 con Pedro Morenés al frente de Defensa, se califica de mera declaración de intenciones que aún debe tratarse en una comisión interministerial. Todo por evitar unas represalias que se convertirían en un mal mayor para el sector naval y, especialmente, para la Bahía de Cádiz. Allí son los astilleros de Navantia, en San Fernando, los que se llevaban la mayor parte de las siete millones de horas de trabajo para atender el pedido saudí. El encargo, peleado durante tres años y firmado semanas atrás, también genera actividad en Cartagena y la Ría de Ferrol.
La secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, ha asegurado que el contrato de las cinco embarcaciones militares “sigue en marcha” y que que el Ejecutivo no lo va a “poner en riesgo”. Méndez recordó el amplio volumen de empleo que va a generar en los astilleros de Navantia: en total son 6.000 puestos de trabajo para una sector que ha sobrevivido a duras penas durante la crisis.
La secretaria de Estado dijo en su comparecencia en el Congreso que el acuerdo está vivo e incluso desveló que Arabia Saudí ha realizado ya los primeros pagos. “Hasta donde yo sé, la fabricación, funcionamiento y vigencia del contrato sigue en marcha”, zanjó.
Esta crisis está siendo manejada por varios ministerios, pero no faltan las presiones para que el Gobierno de Pedro Sánchez recomponga cuanto antes los puentes con un país que, además del pedido a Navantia, es destino priorio para los grupos de construcción e ingenierías.
“Llegaremos a una resolución satisfactoria para todas las partes. Los 6.000 trabajadores de la Bahía de Cádiz pueden estar seguros de que el Gobierno esta con ellos”, tranquilizó la ministra Celaá.
Visitas canceladas
La plantilla, sin embargo, no lo tiene nada claro. El viernes cumplieron la amenaza de iniciar movilizaciones y llegaron a cortar la autovía A-4 en San Fernando, durante una hora, para hacer visible su protesta. El presidente del comité de empresa, Jesús Peralta, habló de alta tensión entre Navantia y su cliente: “Un alto cargo militar saudí que tenía que viajar la semana que viene a Madrid y al astillero ha suspendido su viaje. Lo mismo ha ocurrido con el viaje que Navantia tenía que hacer a Arabia Saudí”, ha declarado a El País.
Desde el comité de empresa se asegura que representantes del país árabe han cancelado un viaje a los astilleros gaditanos
La empresa ha optado por instalarse en el silencio como medida de máxima cautela, a la espera de la decisión que pueda tomar el Gobierno saudí.
También se han activado las críticas de los sindicatos al modo de proceder de Defensa, y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, salió a pedir garantías. La mandataria escribió en su cuenta de Twitter que “los contratos de Navantia deben mantenerse y garantizarse”. En un vídeo institucional que acompañaba el mensaje señaló que “el Gobierno de España debe encontrar una solución cuanto antes”.
A lo largo de la semana, desde el PSOE andaluz se había tachado de alarmista al PP por poner de manifiesto la alta tensión reinante en Navantia. Pero Díaz reconoció el viernes que “en cuanto se supo de la posibilidad de rescisión del contrato” los contactos entre la Junta y La Moncloa “se han producido a todos los niveles”. La presidenta, derrotada por Pedro Sánchez en la batalla por el liderazgo del partido, exigió garantías al Ejecutivo para el mantenimiento de la carga de trabajo en la Bahía de Cádiz. Algo que, en estos momentos, el Gobierno no parece en disposición de poder asegurar.
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Fuente: Cinco Días