La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado que las Administraciones Públicas españolas no eliminarán el déficit público hasta 2022, un año más tarde de lo planificado por el anterior Ejecutivo. A pesar de que negaron en reiteradas ocasiones que negociaban con la Comisión Europea la prórroga de la senda fiscal, Montero ha explicado, durante su comparecencia ante la prensa tras la celebración del Consejo de Ministros, que España ha suavizado el calendario para reducir los números rojos de las Administraciones Públicas tras haber negociado con la Comisión Europea «casi desde el primer día».

MÁS INFORMACIÓN

Las autoridades comunitarias aún tienen pendiente validar la decisión cuando el Gobierno presente los Presupuestos de 2019. En la nueva hoja de ruta de la consolidación fiscal, el déficit público se sitúa en el 2,7% del PIB en 2018, el 1,8 % en 2019, el 1,1 % en 2020 y el 0,4 % en 2021. En resumen, Hacienda ha elevado los objetivos en medio punto cada año, lo que le permite aplazar el ajuste de unos 6.000 millones este año. Pero mantiene el mismo grado de esfuerzo que todavía habrá que hacer en los siguientes.

A cambio de relajar el esfuerzo fiscal este año, el Gobierno se compromete el que viene a un ajuste estructural del 0,4% del PIB, el equivalente a unos 4.850 millones de euros. El resto de la reducción del déficit en 2019 procederá de los ingresos adicionales que aporta el ciclo económico. Hacienda ya trabaja en establecer nuevos impuestos para recaudar hasta 4.000 millones de euros más. Y está diseñando un nuevo plan de lucha contra el fraude fiscal y contra la planificación fiscal agresiva de las grandes multinacionales.

«Este Gobierno se encontró con unos Presupuestos Generales que se habían diseñado por el anterior Ejecutivo sin respetar los objetivos de déficit público», ha asegurado Montero. «Se inició un trabajo que ha durado varias semanas. El Gobierno y el Consejo de Ministros encargaron a la Autoridad Fiscal (Airef) un informe sobre la situación presupuestaria y el resultado es que se confirmaron las sospechas», ha añadido.

Montero ha subrayado que «eran unos compromisos imposibles de cumplir». «Se ha hecho evidente que esa senda no era realista. La Comisión Europea y el Banco de España alertaron de que se incumpliría el objetivo de déficit y se situaría en el 2,6% o el 2,7%, algo que obligaría a este gobierno a un ajuste adicional de unos 11.000 millones de euros», ha señalado. Si el Gobierno hubiera tenido que abordar este ajuste, «tendría un impacto negativo en el crecimiento económico de medio punto del PIB con la consiguiente perdida de empleo», ha insistido la ministra. Lo que no ha dicho es que en los siguientes años seguirá teniendo que hacer ajustes pese a la plétora de anuncios de gasto que ya ha realizado su gobierno. 

Tras comprobar la situación presupuestaria y ver las dificultades para ajustar las cuentas en el grado que estaba previsto, el Ejecutivo inició «conversaciones con las autoridades comunitarias» para suavizar la senda de reducción del déficit público. «Estos nuevos objetivos sí son apropiados y compatibles. La nueva senda otorga a nuestro país un mayor margen fiscal para estos ejercicios. Nos permiten apuntalar el crecimiento económico al tiempo que se mejoran las políticas sociales. Además, el compromiso de España con el Pacto de Estabilidad es aún con mayor fuerza», ha resaltado.

En opinión de la titular de Hacienda, los nuevos objetivos presupuestarios permitirán «un impulso a la agenda social». «Los márgenes son estrechos, pero en estos momentos del ciclo económico hay que acompañar los mayores ingresos con un mayor gasto social», ha concluido. El Gobierno toma esta decisión pese a ser el país de la UE con más déficit público una década después del inicio de la crisis. Este mismo jueves el cuerpo de auditores de la UE criticó a la Comisión Europea la falta de firmeza con los países más endeudados como España, con un endeudamiento sobre PIB que roza el 100%.

Fuente: El País