El Ministerio de Función Pública y el sindicato CSI-F se enfrentan por cómo se cuentan los días libres de los funcionarios. Denuncia la central de trabajadores públicos, que el Gobierno ha cambiado de criterio aplicando un criterio de proporcionalidad al tiempo realmente trabajado durante el año y que eso supone un recorte de derechos. El departamento dirigido por Meritxell Batet lo «niega categóricamente».
La cronología de este choque comienza el pasado 14 de diciembre, cuando la Comisión Superior de Personal emitió un acuerdo que recuerda que para todos los funcionarios se aplica el «criterio sostenido» desde el 29 de febrero de 2008. En este último acuerdo se dice que estos días de libranza anual (seis llamados moscosos y otros seis que se van acumulando según la antigüedad, llamados canosos) se computarán «en función del tiempo efectivamente trabajado» aplicando una «regla de proporcionalidad».
Esto le sirve a la Secretaría de Estado de Función Pública para rechazar la acusación de CSI-F, que le acusa de «recortar por sorpresa los moscosos». La central de funcionarios va más allá y señala que esta «interpretación cicatera» afecta a funcionarias afectadas por violencia de género.
El Ejecutivo rechaza de plano esta interpretación y «lamenta profundamente la manipulación sobre un asunto tan sensible». Según su explicación, el texto de la Comisión Superior de Personal lo que hace es aclarar qué pasa con los empleados públicos de «nuevo ingreso» y si los periodos como funcionarios en prácticas deben contarse como tiempo efectivo de trabajo, es decir, si se tiene en cuenta para saber a cuantos días libres tienen derecho durante el año.
Fuente: El País