El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el real decreto ley que regulará a partir de ahora la actividad de los vehículos de alquiler con conductor (VTC). El Gobierno transfiere a las Comunidades Autónomas la regulación de esta actividad, pero da cuatro años de moratoria para que las autonomías adopten su legislación. Una medida que no ha gustado a los taxistas, que ya advirtieron ayer que solo aceptan un traspaso inmediato de las VTC a las autonomías y amenazaban con ir a «la guerra total» si el traspaso no se producía rápidamente. 

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha defendido al término del Consejo de Ministros la moratoria asegurando que con ella buscan dar un periodo de transición que permita a las autonomías asumir dicha regulación y dar un tiempo a las VTC para adaptarse a la nueva situación o reclamar una indemnización que será calculada, según el caso, si quieren trabajar en el ámbito urbano.

La norma aprobada establece, según ha precisado Ábalos, que tras los cuatro años de moratoria las autorizaciones de las VTC de ámbito estatal quedarán habilitadas únicamente para prestar servicios interurbanos. En cambio, para llevar a cabo un servicio de transporte urbano, los vehículos de alquiler con conductor deberán adaptarse a la normativa municipal y autonómica. De esta manera, en el caso de que los actuales poseedores de licencias VTC no las adapten a la nueva normativa municipal o autonómica, dicha licencia seguirá siendo operativa, pero solo para realizar transporte interurbano. 

«Es lógico que esto sea así, pues el sector del taxi y de las VTC están desempañando una misma actividad en el mismo ámbito, y sin embargo hasta ahora tenían legislaciones distintas», ha señalado el ministro, que añadió que «es una contradicción tremenda que el Estado sea el que regule las VTC en el ámbito urbano. Debe regularse como el resto de transportes urbanos, como el taxi o el metro». 

Ábalos también ha asegurado que poner en manos de las comunidades autónomas las VTC es más que lógico porque este medio de transporte «no afecta del mismo modo a todas las autonomías. En algunas es su presencia es algo testimonial y en otras, como Madrid y Barcelona, han sobrepasado la ratio permitida».

El ministro ha defendido, a preguntas de los periodistas, que el Gobierno no se ha dejado influir por la presión de ningún colectivo (desde las VTC se les ha acusado de hacer el juego a los taxistas). «Mire las reacciones de ambos sectores. Ahí está la prueba. Ninguna se da por ganador». 

Fuente: Cinco Días