La tarifa de último recurso (TUR) del gas natural o precio regulado que tienen contratada más de un millón de usuarios domésticos, subirá un 8% a partir del 1 de octubre. Este incremento se suma a la escalada de precios de la electricidad en los últimos meses, lo que encarecerá sobremanera la factura energética de los pequeños consumidores de cara a los meses de invierno.
La TUR del gas se fija cada trimestre teniendo en cuenta el coste medio de las materias primas (CMP) en los mercados internacionales, que se ha saldado con una subida de casi un 23%. Se trata, más concretamente, de una fórmula indexada a la cotización del Brent y del NBP (National Balancing Point) del Reino Unido. Una referencia internacional del gas estacional, expresada en céntimos de euro/kWh, que se determina como promedio de las cotizaciones de los futuros mensuales del citado NBP. En el cuarto trimestre, además, se tiene en cuenta la prima de riesgo española.
De la citada subida de las materias primas se deriva la de la TUR, de casi un 8%. Esta tarifa incluye también los peajes de acceso a las redes de gas o el impuesto especial de hidrocarburos (el erróneamente conocido como céntido verde), que se ha mantenido inalterable desde que se fijaron a principios de enero.
En el caso de la tarifa del gas llueve sobre mojado, pues ya en el trimestre anterior esta se incrementó un 3,4%. En esta evolución no ha influido, como así ha ocurrido en el de la luz, el precio de los derechos de emisión de CO2, que se ha triplicado en lo que va de año (de 6 hasta 24 euros la tonelada), que ha provocado un encarecimiento de la generación con carbón o gas y, de paso, del resto de las tecnologías en un mercado marginalista como es el pool.
La subida del gas vuelve a poner encima de la mesa la necesidad de crear un bono social similar al de la luz, tal como reclamó el PSOE cuando estaba en la oposición. Tras apoyar la ley del PP de lucha contra la pobreza energética, a principios de 2017, el Grupo Socialista presentó una proposición de ley para la creación de un bono del gas que, como el de la electricidad, se tradujese en un descuento en la factura de los clientes vulnerables. La iniciativa fue respaldada en septiembre del año pasado por el Pleno del Congreso y aunque las comercializadoras lo apoyan, piden que su financiación corra a cargo del Estado.
Sin embargo, en su paquete de medidas urgentes para frenar los precios de la energía, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha obviado una propuesta que fue estándarte de su propio partido. De hecho, en la presentación de su plan de choque la semana pasada no figura el citado bono, sino uno para calefacción, que no concretó. Se trata de “un bono térmico” para la calefacción, al margen del tipo de energía.
Frente al de la electricidad, el mercado del gas está ampliamente liberalizado: del total de 7,8 millones usuarios, solo un millón está acogido al precio regulado frente a los cuatro millones de hace 10 años..
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Fuente: El País