La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, también se atrevió a valorar la posibilidad de que los coches que funcionan con gasóleo vean incrementados los impuestos que pagan por el consumo de ese combustible. Y lo hizo en una semana en la que distintos miembros del Ejecutivo incurrieron en contradicciones respecto a este tema. Si el lunes por la mañaña, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, calificó desde Santander esa subida impositiva de “globo sonda”, pocas horas después, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó en una entrevista en la Cadena Ser que se incluiría en los Presupuestos Generales de 2018.
Ribera fue más diplómatica e hizo una encendida defensa de la necesidad de profundizar en la reducción de emisiones en el transporte por carretera. “El diésel tiene un recorrido limitado en el medio plazo y hay que buscar una movilidad sin emisiones, a pesar de la extraordinaria trayectoria de los motores de gasóleo. Han sido colocados en la posición central que ocupan, pero hay que buscar una movilidad sin emisiones”, recalcó.
El principal problema para la imposición de ese impuesto, que depende directamente de Hacienda, es el hecho de que el 70% del parque automovilístico funciona con ese combustible. Los fabricantes defienden que las mejoras tecnológicas han reducido sustancialmente la contaminación y que no tiene sentido gravarlos.
En el otro lado, Ribera apuntó que uno de los principales desafíos para la industria del automóvil, que supone el 11% del PIB en España, es un proceso de modernización “en el que la gasolina y el diésel no tengan un trato fiscal diferente”. Todo, por lo tanto, queda pendiente de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, que el Ejecutivo prevé presentar en el último trimestre, aunque seguramente no se aprobarán hasta el primer trimestre de 2019. La subida no afectará a transportistas ni a agricultores.
El reto de la eficiencia en la edificación
Tres factores En su intervención, Ribera detalló los tres factores que limitan el acceso de los hogares al suministro de energía: el precio de la luz, la evolución de salarios y prestaciones sociales y la eficiencia energética en la edificación”.
Potencial. La ministra para la Transición Ecológica consideró que la eficiencia energética de nuestros edificios es excesivamente pobre y es una de las asignaturas pendientes. “Un 60% de las viviendas fueron construidas sin los estándares de cualquier normativa en materia medioambiental, lo que da a entender el potencial de mejora que existe en el parque construido”, recalcó durante su intervención.
Desconexión de gas. Y una parte sustancial de mejora de eficiencia, tal y como constató Ribera, puede ser la supresión definitiva de los hogares de las instalaciones de gas, algo previsto para 2030. Las firmas gasistas rechazan ese argumento y creen que podrían ser parte de la solución.
Fuente: Cinco Días