La factura de electricidad seguirá cara, admitió la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. El incremento de los derechos de emisión de carbono (en más de 20 euros por tonelada) y el encarecimiento de los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) son los principales responsables de esta tendencia, sobre todo cuando la generación eléctrica española se está alimentando principalmente de carbón y gas.

Y no es una coyuntura solo de España, advirtió Ribera, sino también de otros países europeos (en verano hubo también una mayor demanda por la ola de calor). “No es cierto que estemos viviendo máximos históricos. Ha habido precios más altos que los que estamos viviendo hoy. En todo caso, está bien que se refleje que generar de manera sucia es caro”, defendió.

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Así, la prioridad del Gobierno será la lucha contra la pobreza energética, a la espera de que llegue una reforma de la “compleja estructura” de la factura. Unos “cambios de fondo” en los que ya el ministerio trabaja con Hacienda y Economía y sobre los que espera dar más detalles el próximo día 19 en el Congreso, avanzó Ribera, que comparecerá a petición propia para debatir este tema en concreto.

“El esquema actual se ha olvidado de la importancia social que tiene el acceso a la energía y su impacto en la desigualdad social. No podemos permitirnos el lujo de que, en un proceso de cambio, hasta que consigamos un sistema enteramente limpio, esto afecte de manera desigual a los consumidores con menos recursos”, argumentó.

El Gobierno prepara una reforma de fondo para aligerar la «compleja estructura» de la factura

El ministerio también trabaja en la devolución de potestad de la fijación de los peajes eléctricos al regulador (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) –tal y como lo establece la normativa comunitaria–, después de que el extitular de Energía Álvaro Nadal se atribuyera estas competencias. Incluso, la Comisión Europea abrió en 2016 un expediente de infracción por estas razones.

Por lo que reconoció que esto reduce el margen de actuación del Gobierno en la factura. Ante esa situación, Ribera reclamó consenso a los operadores del mercado eléctrico para acometer el inicio de una reflexión mucho más profunda sobre los componentes (fiscales, regulados y de mercado) que influyen en el aumento de la factura de electricidad. Y reiteró: “La atención a la pobreza energética debe ser prioritaria en la transición, este proceso no puede llevarse a colectivos más vulnerables”.

Fuente: Cinco Días