El gigante mexicano del cemento Cemex va a reducir drásticamente su producción y plantilla en España. Prepara para el mes de noviembre un expediente de regulación de empleo y se dispone a cerrar dos de sus siete plantas en este país, la de Gádor (Almería) y Lloseta (Baleares).

La decisión, trasladada ayer a los sindicatos, responde a un enfriamiento en la demanda de cemento y «a las perspectivas de la industria frente a la nueva regulación europea sobre los derechos de emisión de CO2, a partir del año 2020».

El que se ha consolidado durante años entre los tres primeros fabricantes en España tiene un millar de trabajadores en nómina. Las instalaciones de Gador y Lloseta son sus dos plantas menores por capacidad de producción, manteniéndose abiertas la fábrica aragonesa de Morata de Jalón, la toledana de Castillejo, la fábrica de Alicante, la valenciana de Buñol y la de Alcanar, en Tarragona.

El calado del anunciado ERE, que Cemex califica de necesario para mantener su actividad, se conocerá el próximo mes de noviembre. Aemás de las dos fábricas que echarán el cierre, la mexicana se dispone a recortar personal en sus oficinas centrales y las comerciales repartidas por todo el país.

Desaceleración en la demanda

Esta decisión coincice con un cierre del primer semestre de este año en el que el crecimiento interanual acumulado de la demanda de cemento marcó un 8%, por debajo del 11% que mejoró el sector al cierre de 2017, según detalla la patronal Oficemen. Las perspectivas para el cierre del ejercicio «son aún menos halagüeñas», sostiene el colectivo empresarial. Oficemen espera un alza del 7% en los pedidos de cemento en el mercado español frente a una estimación inicial de crecimiento del 12% para este 2018.

En esta revisión en las expectativas incluye la «débil» recuperación de la construcción, gracias a la reanimación de la edificación. Se estima que 2018 se inciiarán 100.000 viviendas nuevas, lo que  representa menos de la mitad de la media de las viviendas que se construían en España en el período 1970-1995. En cuanto a la obra pública, la tasa de licitación crece a un ritmo del 40%, pero la ejecución de obra pública consumidora de cemento «se encuentra estancada».

La industria cementera viene quejándose de altos costes energéticos, con un coste medio anual eléctrico previsto a cierre de 2018 un 20% más caro que el de 2017. Además, el precio de contratación en el mercado eléctrico será más de un 20% más caro que el de competidores europeos. Una circunstancia que también lastra la exportación de cemento. En este caso, los productores españoles encadenan 13 meses de caída en las ventas al exterior.

Respecto al precio de los derechos de emisión, la patronal se queja de que se hayan multiplicado por tres desde enero y que alcanzan casi los 25 euros por tonelada.

Fuente: Cinco Días