La “soberanía europea” por la que aboga el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y que ha sido asumida por el jefe del ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, también tiene que ver con el nuevo modelo económico que dominan los gigantes de Silicon Valley. Esos negocios han abierto rendijas que los países miembros de la Comisión pugnan por tapar, en especial en el terreno de la fiscalidad y del uso de los datos de los ciudadanos.

La bandera de esa batalla es la tasa digital impulsada por Francia y apoyada por al menos una docena de países, entre ellos España. La propuesta de la Comisión pasa por gravar con un 3% el volumen de negocio de las compañías que facturen 750 millones de euros y al menos 50 millones en la Unión Europea para cerrar la brecha fiscal entre los negocios digitales, que pagan una tasa impositiva media del 9,5%, y los tradicionales, que abonan una media del 23%.

El impuesto, que la Comisión ha urgido a aprobar antes de diciembre, necesita unanimidad para seguir adelante. Y de entrada, se ha topado con la negativa de Irlanda, Malta y los países nórdicos. Además, Alemania se ha apeado del núcleo duro de la propuesta. Según fuentes diplomáticas, el gobierno de Angela Merkel teme que una decisión fuera del consenso de la OCDE pueda tener consecuencias en las delicadas relaciones comerciales con Estados Unidos, en especial para su industria automovilística.

Mientras se fragua ese desacuerdo y varios países se deciden por aplicarlo de forma unilateral, la Comisión Europea sigue vigilando con lupa la actividad de las tecnológicas para evitar ayudas de estado ilegales o abusos de competencia. Apple acaba de ingresar en las arcas públicas irlandesas 14.300 millones de euros por beneficios fiscales que Bruselas consideró ilegales. Lo mismo tuvo que hacer Amazon, que fue forzada a retornar 250 millones de euros a Luxemburgo. Fuentes comunitarias recuerdan que las ayudas fiscales no son problema si se ajustan a la legislación, salvo en el caso que sirvan para dar ventaja a compañías.

Uno de los caballos de batalla de la Comisión es, precisamente, evitar que los gigantes de la tecnología puedan crear monopolios en el espacio virtual europeo. Esa guerra viene de lejos, de 2004, cuando Competencia impuso la que se considera la primera gran multa a Microsoft por abuso de posición dominante. En su día, la cifra de 497 millones fue calificada de “histórica”. Pero tres lustros después ha quedado más que eclipsada por una sanción diez veces mayor a Google por haber fijado restricciones a los fabricantes de Android y a los operadores para consolidar su posición dominante en las búsquedas.

El microscopio de la Comisión también está en el uso de los datos de los usuarios. En la mesa de observación están la mayoría de las grandes plataformas: Amazon, Twitter, Facebook, Google o Airbnb. La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, acaba de poner en marcha una investigación preliminar para saber si Amazon aprovecha los datos de las empresas que aloja para su estrategia comercial, lo cual podría darle una posición dominante en el mercado.

Pero también está la cuestión de la privacidad y los contratos que firman los usuarios. Y si bien ha habido avances de Google o Airbnb, la Comisión ha amenazado con sanciones a Facebook. Bruselas ha dado hasta diciembre para que la plataforma se adapte a las leyes comunitarias de protección de los consumidores después de que su fundador, Mark Zuckerberg, tuviera que comparecer ante el Parlamento Europeo tras el escándalo de Cambridge Analytica.

Fuente: El País