Argentina se encuentra en un laberinto. Mientras negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un adelanto del rescate de 50.000 millones de dólares (43.018 millones de euros) que habían acordado en junio, los fantasmas de crisis anteriores (especialmente la de 2001) y la extrema volatilidad del tipo de cambio resuenan en los inversores y en la sociedad. El país sudamericano sufre el difícil contexto internacional para los países emergentes, en el que los mercados atacan a las economías más vulnerables, como Argentina, Turquía o Indonesia, un comportamiento ligado a la suba de tipos de interés de Estados Unidos y a la guerra comercial entre el país norteamericano y China.
El Gobierno, que recurrió al FMI tras la importante fuga de capitales de mayo y junio de este año, ha tardado menos de tres meses en volver a solicitar ayuda al organismo internacional, tras la devaluación del 20% del peso argentino de la última semana de agosto. El Ejecutivo de Mauricio Macri quiere mostrar a los mercados que tiene respaldo para superar la crisis y, especialmente, quiere descartar la posibilidad de default de la deuda externa, un tema sensible para Argentina debido a que despierta el recuerdo de la crisis de 2001 en la que dejó de pagar a los acreedores.
El economista Iván Carrino, director de la consultora Iván Carrino y Asociados, considera que la urgencia de este anticipo obedece a las dudas sobre la capacidad de Argentina para hacer frente a los vencimientos de la deuda externa. El Gobierno debe cancelar 47.859 millones de dólares (41.257 millones de euros) entre septiembre y diciembre de este año, y 50.107 millones de dólares (43.195 millones de euros) en 2019, según los datos oficiales. Los adelantos solicitados al FMI ascienden a 5.800 millones de dólares (5.000 millones de euros) para lo que resta de 2018 y 12.000 millones de dólares (10.344 millones de euros) para 2019.
La moneda argentina ha perdido un 50% su valor desde enero de 2018 y un 75% desde que Macri comenzó su gestión, en diciembre de 2015. La devaluación complica el pago de la deuda porque el Estado argentino recauda en pesos, pero tiene que afrontar el 70% de los vencimientos en moneda extranjera (dólares y euros). El peso, al menos, se ha estabilizado en las últimas jornadas de la semana pasada. Según una encuesta a economistas que ha realizado la agencia de noticias Reuters, en un año el valor del peso por dólar oscilará entre los 28,9 y los 42. Y han vaticinado que el precio medio del peso será de 34,1.
Los expertos no ven mucho recorrido a la baja, por lo menos en el medio plazo, si bien a corto se prevé más inestabilidad. “No veo que un dólar valga 50 o 60 pesos en 2019”, remarca Carrino. Agustín D´Attellis, economista y director de Ágora Consultores, añade que en un contexto en el que la economía está en recesión, el peso “no debería tener una caída tan fuerte”, pero sostiene que el tipo de cambio estará inestable en los próximos días.
La delicada situación social
“Tenemos que recuperar la confianza; el mundo nos tiene que empezar a creer” es la frase que Macri ha repetido decenas de veces. Las medidas que ha tomado, desde que asumió como presidente, van en dirección de lo que el mandatario interpreta por “recuperar la confianza”. Argentina ha comenzado a liberalizar el precio de los servicios; ha modificado el sistema de pensiones; ha empezado a liberar las importaciones y ha eliminado la gran mayoría de los impuestos a las exportaciones.
Pero el temor al rechazo social de las medidas ha hecho que el plan de ajuste, hasta el momento, haya sido «gradual», según han dicho los principales cargos del área económica. Con la petición de ayuda al FMI, el Ejecutivo apuesta por implementar un programa de austeridad profundo que no ha sabido, podido o querido realizar en los tres años anteriores.
Para llegar de 2,7% a 0% de déficit fiscal en 2019, el Gobierno reducirá el gasto público -todavía no ha anunciado de qué manera lo hará- y aumentará la recaudación, principalmente con un mayor impuesto a las exportaciones por el que pretende recibir 7.486 millones de dólares (6.453 millones de euros). Al anunciar esta medida, Macri la definió como “mala, pero necesaria”. El mandatario también admitió, por primera vez, que la situación económica de Argentina es de “emergencia”.
Esta situación de emergencia plantea arduos escenarios. La viabilidad de los objetivos que propuso el Gobierno choca con una situación social que puede tornarse conflictiva. Andrés Asiain, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, afirma que Argentina va camino a una crisis justamente por el impacto social que tendrá el ajuste. El economista, a pesar de sostener que Macri debe terminar su mandato, en diciembre de 2019, remarca que será difícil que lo consiga.
Mercedes D´Alessandro, doctora en economía por la Universidad de Buenos Aires, considera que el Gobierno “podría lograr el déficit cero”, pero dice que “la población sufriría un costo muy alto”. D’Attellis agrega que el “impacto interno (en Argentina) será insostenible”. Con otra visión, más optimista de las medidas anunciadas por el Ejecutivo, Carrino duda de la capacidad política del Gobierno para llegar a acuerdos que permitan cumplir con el plan de ajuste. “El cero déficit es una meta ambiciosa y, al ser tan ambiciosa, genera poca credibilidad”, puntualiza y pronostica que “tal vez no cumplan la meta, pero se acerquen”.
En el laberinto argentino, la manera en la que el Gobierno aplique el ajuste y el apoyo o repudio que despierte en la sociedad determinarán si el país vuelve a los estallidos pasados o consigue sortear las dificultades y evitar la crisis.
Fuente: El País