La Audiencia Nacional ha decidido aplicar la doctrina Botín y ha archivado este jueves la causa abierta contra los dos ex directores generales de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Roberto López Abad y María Dolores Amorós, procesados por la presunta estafa en la venta de preferentes. La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal ha adoptado esta medida cuando estaba a punto de celebrarse el juicio y después de que la acusación particular decidiese retirarse de un caso donde la Fiscalía ya había pedido el sobreseimiento. Solo mantenía la petición de pena la acusación popular, representada por Adicae (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros).
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Los magistrados han considerado en su resolución que este colectivo no tiene «legitimidad» para seguir adelante con el proceso, después de que la Fiscalía y los particulares se retiraran de la causa, al «considerarse resarcidos de los posibles perjuicios causados» —el Banco Sabadell, tras adquirir la CAM, ofreció la recompra de acciones para resarcir el daño—. «Es importante tener en cuenta que en autos no se constata la existencia de más supuestos perjudicados, no dejando margen de actuación a la pretendida acusación solidaria de Adicae», apostillan los jueces en un auto.
«La doble retirada de acciones para el enjuiciamiento de posibles delitos de carácter eminentemente patrimonial cierra la vía de actuación de Adicae como acusación popular», subraya la Sala sobre el colectivo, que ha anunciado que recurrirá la decisión de los magistrados. El tribunal deja, aún así, abierta la puerta a una posible sanción por la vía administrativa. López Abad y Amorós ya fueron condenados en la Audiencia Nacional por otra causa abierta. El pasado octubre, el órgano judicial les impuso sendas penas de tres años de cárcel por «distorsionar» los estados contables de la CAM entre 2010 y 2011, «vulnerando» la imagen de la caja de ahorros en momentos de grave crisis.
El presidente de Adicae, Manuel Pardos, ha afirmado que el archivo de la causa no significa que «no se cometiesen los delitos, sino que no se entra a juzgarlos». Además, el representante del colectivo critica la posición adoptada por el Ministerio Público en todo el proceso: «La Fiscalía no ha querido pedir en ningún momento un reproche penal y nos han enviado siempre a la vía civil». «Pero las preferentes son un claro caso de fraude intencionado y organizado por un grupo de personas para salvar los lamentables balances que habían dejado en esta y otras cajas», añade Pardos, que anuncia que continuarán adelante para tratar de tumbar la doctrina botín. «Iremos a Europa si hace falta», subraya.
Fuente: El País