La noticia de la multa millonaria impuesta por Bruselas a Google por abuso de posición dominante –con su sistema operativo para dispositivos móviles Android– irrumpió ayer en medio del vendaval desatado por la guerra de aranceles entre Estados Unidos y sus socios comerciales. Los 4.343 millones de la sanción son el mayor castigo económico fijado hasta el momento por la Comisión Europea por vulnerar las reglas de competencia, aunque resulta poco más de calderilla para el gigante de internet, equivalente a dos semanas de ingresos de Alphabet, su matriz. Más allá del montante, la clave de la estocada de la CE son las restricciones que la decisión impone a la compañía, a la que obliga a abandonar sus prácticas anticompetitivas en 90 días bajo la amenaza de una multa adicional de hasta el 5% de su facturación diaria.
La decisión de Bruselas puede enfriar todavía más el clima bélico-comercial que envuelve a EE UU y Europa en estos momentos, pero constituye una respuesta razonable –otra cosa es que sea suficiente– ante un problema que está adquiriendo proporciones cada vez más inmanejables. Los datos que han analizado las autoridades comunitarias respecto a Google y Android señalan que el gigante de internet no solo ha impuesto condiciones leoninas a los fabricantes de smartphones, sino que también les ha concedido incentivos financieros, al igual que a algunos operadores de telefonía, por garantizar la preinstalación del buscador y el navegador de Google.
Google no es un caso aislado, sino un ejemplo destacado del enorme poder que ejercen cada vez más en el mercado los gigantes de internet. Un dominio cuyo principal reclamo es la gratuidad de muchos de los servicios ofrecidos a los usuarios y que se nutre con la cesión de los datos personales de millones de consumidores. Precisamente por ello, la solución al problema tiene que ser integrada y no puede limitarse a los apertura de expedientes sancionadores, aunque estos deban seguir incoándose y ejecutándose en cumplimiento de la ley. Es necesario que las autoridades europeas de Competencia estudien las operaciones de concentración que protagonicen estas compañías con eficacia y exigencia, así como también que acometan una revisión de la legislación de datos que conceda un mayor control de la información personal a los usuarios. No es una tarea fácil, porque debe llevarse a cabo sin cercenar ni sofocar la vitalidad económica y empresarial de estos negocios, pero sí imprescindible para preservar las ventajas de la siempre frágil y valiosa libre competencia.
Fuente: Cinco Días