El sector aéreo europeo ha cerrado 2018 con unas cifras que revelan el buen momento que vive el mercado, pese a las incertidumbres geopolíticas y comerciales que planean sobre la economía mundial o las turbulencias provocadas el año pasado por los conflictos de los controladores aéreos. Solo entre las ocho aerolíneas más importantes sumaron 743 millones de viajeros, lo que supone un incremento de 65 millones (más de un 9%) respecto a 2017. Las razones que explican este repunte incluyen desde la guerra de precios, hasta el efecto sobre el turismo de la recuperación económica o la irrupción de las oferta de tarifas low cost en los destinos de larga distancia. Un conjunto de circunstancias que han intensificado la competencia entre las compañías y mejorado el abanico de oferta tanto en número de plazas y destinos como en precios. Ryanair es la aerolínea que ha encabezado la clasificación por volumen de pasajeros mientras Lufthansa lo ha hecho como grupo de compañías. Iberia ha cerrado el año de forma notable, tras dejar atrás su crisis y renovar la oferta en el corredor del Atlántico Sur.
Las perspectivas para 2019 apuntan a que el sector seguirá retando un panorama mundial empañado por riesgos crecientes. Las previsiones de crecimiento en la demanda que maneja IATA superan el 6%, y lo hacen pese a unos focos de incertidumbre que pasan por el mantenimiento de las tensiones comerciales, las sombras que proyecta el Brexit, el aumento de aranceles derivado del conflicto comercial entre EE UU y China y la propia desaceleración económica.
Es difícil, pese a todo, calibrar los potenciales efectos de algunos de estos riesgos. La salida de Reino Unido de la UE, por ejemplo, no solo generará una factura en términos de demanda, sino que plantea también otros conflictos que tienen más que ver con la regulación del mercado que con el mayor o menor flujo de viajeros. Así ocurre con la normativa comunitaria sobre propiedad y control empresarial, insólita y excepcionalmente rigurosa en el caso del sector aéreo, porque obliga a que las compañías cuenten con propiedad mayoritaria de accionistas de la UE y tengan su sede principal de negocio en un Estado miembro. Ello obliga a replantear la política general de accionariado de algunas aerolíneas, así como a buscar una solución efectiva en el caso de conglomerados como IAG, el holding integrado por BA e Iberia. En un contexto de mercados globalizados y con una UE inmersa en la tarea de rebajar en lo posible los daños del Brexit, no parece razonable mantener una regulación cuyas restricciones no solo pueden perjudicar al sector aéreo, sino al conjunto de la economía europea.
Fuente: Cinco Días