La comunicación de la Comisión Europea que declara ilegales las cláusulas de arbitraje en los tratados bilaterales de inversión dentro de la UE constituye un importante cambio de criterio que tendrá consecuencias no solo inmediatas, sino también a largo plazo. La decisión de Bruselas convierte en papel mojado los laudos internacionales que han concedido indemnizaciones millonarias a favor de los inversores europeos en el sector de las renovables, tanto si se basan en tratados entre Estados miembros como si invocan la Carta de la Energía. La Comisión, que argumenta que el mecanismo de arbitraje socava el sistema legal de soluciones previsto en los tratados europeos, afirma que los tribunales nacionales de los Estados miembros “tienen la obligación de anular cualquier compensación arbitral concedida”.

El nuevo criterio de Bruselas otorga una potente bocanada de aire fresco a España, dado que la nueva directriz puede librar al Estado de pagar multimillonarias compensaciones como consecuencia de los laudos arbitrales en el ámbito de las renovables. En este momento, las arcas del Estado se enfrentan a 40 arbitrajes y a un total de 7.600 millones de euros en posibles indemnizaciones. Los árbitros no han sido clementes hasta ahora con España –a la que han cargado con cuatro condenas por una factura de 357 millones– lo que hace plausible pensar que los laudos de al menos una parte de los arbitrajes restantes podrían aumentar la cifra. Al tiempo que beneficia a las finanzas del Estado, la decisión de Bruselas es un fuerte varapalo para los inversores que reclaman compensaciones por la rebaja del sistema retributivo que se aplicó en julio de 2013, en el marco de la llamada reforma energética.

Hay otro perdedor en este golpe sobre la mesa de las autoridades comunitarias: el propio arbitraje comercial como fórmula de resolución alternativa de conflictos en Europa. La comunicación de la CE es toda una declaración de guerra a una herramienta fundamental para hacer negocios en una economía cada vez más flexible y global. Pero también supone un sólido gesto de autoridad sobre el carácter prioritario y vinculante del acervo comunitario.

Fuente: Cinco Días