¿Deben las Administraciones primar la enseñanza pública sobre la concertada? Algunos Gobiernos autonómicos, como el valenciano, defienden que en un contexto de recursos limitados la Administración debe priorizar la enseñanza pública, y la concertada cumplir una función subsidiaria: cubrir la demanda allí donde la pública primera no llega, de modo que no se dupliquen centros escolares sostenidos con fondos públicos. La red concertada valenciana rechaza esa visión, que se ha concretado en la eliminación selectiva de algunos conciertos, y la ha recurrido ante los tribunales, que le han dado inicialmente la razón, aunque la Generalitat ha recurrido al Supremo, que todavía no ha resuelto.

MÁS INFORMACIÓN

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha abierto también un debate en torno a la enseñanza concertada al afirmar que «el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir un centro educativo» no está reconocido en la Constitución, y que así lo han confirmado medio centenar de sentencias del Tribunal Constitucional. Una conclusión que rechaza la red concertada, la jerarquía católica y partidos como el PP y Ciudadanos.

Participe en el Foro de Educación de EL PAÍS respondiendo a la pregunta de esta semana: ¿Se debe priorizar la enseñanza pública sobre la concertada? Publicaremos aquí una selección de las respuestas.

«En lugares como Madrid, la pública es subsidiaria de la concertada»

Actualmente y con la experiencia del día a día de un instituto público, muchos profesores tenemos la sensación de que es la enseñanza pública la que, en muchos casos y en comunidades como Madrid, se ha convertido en subsidiaria de la concertada, la que asume lo que la concertada no quiere (y no digo puede), y esto sí que atenta gravemente contra el derecho a una educación de calidad. De hecho, la enorme extensión de los conciertos educativos y la cesión de suelo público a los centros concertados durante los últimos años es una de las razones de los problemas que se han generado en la escuela pública. Así que, sí, debería ser prioritaria la educación de todos y para todos y esta solo es la pública.

MARÍA JESÚS RAMÍREZ. Profesora de Secundaria, Madrid.

«Subvencionamos centros que segregan»

Considero que los recursos de la Administración deben destinarse a los servicios públicos, en este caso a los centros educativos públicos. No creo que sea justo que se subvencione la enseñanza privada con dinero de todos los ciudadanos y menos aún cuando se trata de centros de titularidad religiosa. Nuestro Estado es laico. Incluso subvencionamos centros que segregan en función del sexo, qué disparate cuando luchamos tanto por la igualdad. Quienes deseen una enseñanza privada y no confíen en la pública, donde caben todos, que paguen.

MARGARIDA CALBET. Orientadora, Palma.

«La educación tiene el rasgo particular de ser obligatoria»

Yo creo que la analogía que se hace de la educación pública y la concertada con la sanidad pública y privada es buena, pero me parece que no serían totalmente comparables. La escolarización es algo obligatorio, mientras que la asistencia sanitaria es algo eventual y renunciable. En ambos casos, yo sería partidario de que los ciudadanos pudieran renunciar expresa y totalmente al uso tanto de la escuela o la sanidad pública a cambio de desgravaciones fiscales por gastos educativos y sanitarios privados hasta, por ejemplo, un 80% de lo que esos gastos le suponen, de media, a las Administraciones públicas. El 20% restante se dedicaría al control de esas Administraciones de los proveedores privados (la concertada desaparecería) de educación y asistencia sanitaria.

CURRÓ AGUILÓ. Padre, Las Rozas de Madrid.

«Los docentes de los centros sostenidos con fondos públicos deberían pasar una oposición»

Si se subvenciona a la concertada, los maestros que allí ejercen su labor deberían pasar una oposición como lo hacen los de la pública, y no escogerlos a dedo.

VICTORIA PERALES. Maestra, Murcia.

«La pública sí que es siempre gratuita»

Con frecuencia, la concertada compite «dopada» con la publica. Numerosos centros concertados piden una cantidad mensual para materiales o actividades complementarias. Se suele utilizar el concepto «donación» tapar esta ilegalidad. Con estas prácticas no solo consiguen una fuente extra de ingresos, sino que además se hace un filtro que deja fuera a todas las familias con pocos recursos, que son escolarizadas en la publica. Este es un motivo más para priorizar desde un punto de vista económico a la enseñanza publica, ya que es la única que de verdad es gratuita.

MANUEL JOSÉ ANGUITA. Director de instituto, Sevilla.

«La concertada presenta ventajas»

Tengo preocupación por aspectos de la educación diferentes, pero veo que hay uno que preocupa y angustia a los padres que llevan a sus hijos a la escuela pública, el paso tan temprano, entre once y doce años, a la enseñanza secundaria, perdiendo el vínculo con la escuela demasiado pronto y en una etapa de desarrollo delicada, y la supresión de los comedores escolares en la enseñanza secundaria pública, rompiendo también con horarios, rutinas y hábitos saludables, además de hacer que los niños tengan que ir solos a casa y hacerse o preparar la comida con los accidentes domésticos que puede acarrear, tienen que pasar horas solos sin cuidados de adultos hasta que estos vienen del trabajo, pues es precisamente a esta edad cuando se pierden las reducciones de jornada por cuidado de un menor. Problemas que no suceden en la enseñanza concertada y privada, donde se mantienen los comedores y los horarios de la enseñanza primaria.

MARGA DE LA VARA. Madre, Madrid.

«El Estado no paga a los médicos de la sanidad privada»

Por supuesto debe priorizarse la escuela pública. La razón de ser de los conciertos es cubrir una necesidad que no puede cubrir el sistema púbico. Sobre el derecho a elección, también hay derecho a la libre elección de abogado o de médico. ¿Los abogados y médicos privados atienden a cualquier paciente para que luego lo pague el Estado? No. El estado te pone un servicio (seguridad social, pensiones, escuela pública…) de calidad y garantizado para todos, y el que quiera un sistema privado que lo pague aparte. ¿Si lo ven tan claro en la sanidad o en las pensiones, por qué las mismas personas no lo quieren ver en la educación?

FRANCISCO ALCÓN. Maestro, Asturias.

«La Administración debe respetar la opción elegida»

A la Administración educativa le debe corresponder la planificación de las plazas de ambas redes (pública y concertada) y su distribución. Si la oferta de plazas en cada red, coincide con la demanda, la Administración respetera la opción elegida. Si hay un desequilibrio entre redes, la Administración educativa será competente para asignar las plazas sobrantes a una u otra red. En ningún caso deberá conceder aumento de plazas en cualquiera de las redes, excepto si la demanda fuera superior al total de la oferta de ambas redes.

ALBERTO GORRINDO, Tudela.

«El Estado solo está obligado a ofrecer Religión Católica en la pública»

Los poderes públicos deben garantizar el derecho fundamental a la educación pública, laica y gratuita. Debido al Concordato con el Vaticano se oferta Religión Católica en la escuela pública. A partir de ahí, y de forma subsidiaria, se puede firmar algún concierto, pero no es un derecho de los padres el elegir el colegio privado que deseen y que esta elección sea pagada con dinero de todos los contribuyentes.

MARÍA ÁNGELES DOMÍNGUEZ. Profesora, Alcorcón (Madrid).

«Hay muchos motivos para priorizar la pública»

El Estado debe priorizar su inversión en la enseñanza pública por muchos motivos. Es la de mayor calidad, equidad y abierta. No hace distinciones por la procedencia social del alumnado. No hace distinciones por las capacidades del alumnado, todos merecen atención educativa. Es la única que atiende con calidad al entorno rural y sirve de elemento articulador geográfico y social. Es la única que tiene un acceso del profesorado estandarizado, transparente y con la máxima exigencia. Sin embargo, es la más castigada por la mercantilización de la enseñanza. Es la más castigada por los vaivenes ideológicos de los gobiernos. La más castigada por la falta de medios humanos y materiales y por unas ratios excesivas que perjudican a nuestro alumnado. Nada justifica que se subvencione el negocio de unos pocos en nombre de una interpretación interesada de la libertad de enseñanza.

ALFONSO CEBRIÁN REY. Profesor de Enseñanza Secundaria, La Roda (Albacete).

«Una familia debe tener derecho a elegir»

La libertad de elección es un derecho fundamental en nuestra constitución. Lo mismo que hay empresas privadas, y entidades públicas. Una familia tiene el derecho y deber de elegir el tipo de educación que quiere para sus hijos. No tiene que haber una posición única, manejada por una ideología concreta. Eso sería típico de países totalitarios, donde no existe la libertad.

RICARDO DE LA HOZ. Granada.

«La concertada debería ser una escuela a extinguir»

Se debe priorizar la enseñanza pública pues es la que garantiza igualdad de oportunidades. La concertada exclusivamente debería estar en aquellos casos donde no existan centros públicos y deberían ser a extinguir. Si se quiere algo diferente que las familias paguen, es decir, enseñanzas privadas.

INMACULADA CARDONA. Miembro del equipo directivo de un instituto público, Valencia.

Fuente: El País