El consejero delegado del Santander, José Antonio Alvarez, demandó este miércoles «tener un marco claro y seguro» para el mercado hipotecario porque compromete operaciones que pueden firmarse a 25 años, que no pueden estar sujetas a riesgos de incertidumbre porque cualquier cambio de reglas son susceptibles de afectar a precio o plazo.

El banquero reclamó al Gobierno acelerar la reforma hipotecaria y, sobre todo, mostró confianza en que el Tribunal Supremo despeje «lo antes posible» su decisión sobre el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) y que «todos» sepan a «qué atenerse», en relación a los bancos, los clientes, las administraciones fiscales autonómicas y «el propio sistema judicial».

Alvarez, que efectuó estas declaraciones durante la presentación de resultados, se alineó con el resto de banqueros convencidos de que falle lo que falle el Alto Tribunal no podrá tener impacto retroactivo.

«No era parte de nuestro contrato sino de un reglamento» que hace más de veinte años, recordó y abundó que sería «extraño» obligar a las entidades cargar con su devolución.

«Nosotros nos hemos limitado a cumplir con la norma, con la ley. Nosotros no hemos cobrado impuestos. No podemos devolver algo que no hemos cobrado», refirió recordando que el tributo lo recaudaron las administraciones fiscales de las comunidades autónomas.

El consejero delegado admitió que si finalmente el Supremo modifica la jurisprudencia y determina que a partir de ahora deberá soportar el tributo la banca, tendrá su efecto en los precios del préstamo: «Significa un incremento de costes y como tal cuánto se traslada o no a los clientes dependerá de la dinámica competitiva» como «ocurre siempre». «Lo que es seguro -concluyó- es que los costes de hacer hipotecas habrán aumentado».

Alvarez dio, por otra parte, un voto de confianza al proyecto de presupuestos del Gobierno si, como parece, va en la línea de reducir el déficit fiscal y la deuda, algo que apuntó como prioritario para las cuentas del país.

A preguntas sobre las medidas fiscales arbitradas por el Ejecutivo, avisó de su potencial impacto para la actividad comprometida y los operadores. En el caso concreto del impuesto sobre las transacciones financieras subrayó que ya existe en otros países como Francia o Italia y que normalmente los brókers aplican bajas comisiones a los inversores institucionales.

«Pero por norma general -matizó- cuando una actividad recibe un impuesto, se desincentiva. Si ocurre, algún efecto tendrá».

Fuente: Cinco Días