A la patronal CEOE no le gustan nada los anuncios del Gobierno de que pretende subir los impuestos a las empresas. Su presidente, Juan Rosell, ha alertado este martes de que un «incremento desmesurado» de los tributos que recaen sobre las sociedades «podría tener consecuencias negativas». ¿Qué consecuencias? Rosell ha evitado concretar mucho más con el argumento de que falta por conocer los detalles de las medidas y ha apuntado que golpearía a la «inversión». También ha señalado a la lucha contra la «economía sumergida» como un mecanismo para incrementar la recaudación.

El presidente de CEOE ha presentado un estudio sobre la carga fiscal de las empresas españolas «con la idea de explicar lo que realmente pagan» y «contrarrestas informaciones parciales y sesgadas» sobre los impuestos que pagan. Según el técnico que ha elaborado el informe, Bernardo Aguilera, el impuesto de sociedades supone algo más del 30% de la recaudación fiscal de Estado.

Pero las empresas no pagan solo este tributo, también soportan, ha explicado Rosell, el IVA, el impuesto de actividades económicas. Los números de CEOE, incluso, suman en la presión fiscal sobre las empresas las cotizaciones sociales a cargo de la empresa. «Es un impuesto al factor trabajo», han justificado. El resultado es, en este caso, de algo más del 46% sobre la base imponible.

Para Rosell, antes de plantearse subir los impuestos, el Gobierno debería acabar con las «pequeñas bolsas de despilfarro» que, en su opinión, todavía hay en el sector público. Esas bolsas estarían en el absentismo laboral, una de las obsesiones de la patronal en los últimos tiempos, o en los servicios púlbicos de empleo que «emplean a mucha gente y solamente intermedian en un 3% de las contrataciones», ha apuntado. 

En su intervención, el dirigente patronal ha señalado una y otra vez a la economía sumergida como un foco al que atacar para elevar la recaudación fiscal. En las últimas semanas ya han sido varias las ocasiones en que los dirigentes patronales han reclamado una lucha más decidida contra el fraude fiscal y laboral como una herramienta para elevar los ingresos públicos. No solo señalan aquí, ha apuntado el vicepresidente Antonio Garamendi en otras ocasiones, para incrementar la recaudación evitando aumentos impositivos sino para luchar contra la competencia desleal.

Fuente: El País